En reunión con senadores del PRD, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, dijo que no se dará pronto la resolución sobre la controversia constitucional presentada por el presidente Felipe Calderón contra la Ley General de Víctimas, porque se han agregado otros recursos al litigio, en particular de tres nuevos actores.

Asistieron el coordinador de la bancada perredista, Luis Miguel Barbosa, así como Armando Ríos Piter y Dolores Padierna. Esta última señaló que acudirán con el ministro ponente, Sergio Valls, para conocer los nuevos recursos que enfrenta la ley, dado que es fundamental que la controversia se resuelva para que el Estado asuma su responsabilidad con las más de 60 mil víctimas de la guerra contra el crimen organizado.

Detalló que en el encuentro, Silva Meza expuso que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio –que incluye los juicios orales– está paralizado por falta de presupuesto, y la reforma en materia de amparo se encuentra estancada en la Cámara de Diputados con 756 observaciones del Poder Judicial, temas en los que el PRD va a trabajar en el Senado, dado que se trata de reformas torales.

Padierna precisó que pidieron la audiencia con el presidente de la Corte porque consideran que se debe avanzar en la Ley de Víctimas para que entre en vigor antes de que concluya el sexenio.

Explicó que expusieron al ministro que Calderón irrespetó al Poder Judicial con una serie de maniobras que le permitieron vetar la legislación, elaborada conjuntamente con las organizaciones que representan a las víctimas y sus familias, la cual fue aprobada por ambas cámaras.

Asimismo, consideró que una vez que la Corte resuelva la controversia, que es sólo de forma –por la decisión del Senado de publicar la ley, al considerar que el plazo legal para que Calderón la vetara había concluído– podrán avanzar.

Es urgente –insistió– contar con un marco legal que proteja a las víctimas y resarza el daño provocado, no sólo mediante medidas económicas, y que haya reconocimiento de responsabilidad por el Estado en la muerte de inocentes, que perdieron la vida en fuego cruzado o fueron atacados directamente por bandas criminales.

A su juicio, fue muy aleccionadora la visita al presidente de la Corte, ya que los puso al tanto de deficiencias y otros factores que impiden echar a andar el nuevo sistema de justicia penal y la Ley de Amparo.