El aparato mexicano vinculado con tareas de seguridad y justicia presenta gran cantidad de vicios e irregularidades, como la participación del Ejército en tareas de control del orden público, la descomposición institucional en las cárceles y las agresiones contra sectores vulnerables, pero a partir de la reforma sobre derechos humanos de junio de 2011 las autoridades tienen la oportunidad de volver a ganar la confianza de los ciudadanos.

Tal fue una de las conclusiones de la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), organismo que realizó en días pasados una visita de cinco días al país para identificar cuáles son los puntos débiles del sistema nacional de impartición de justicia, mediante entrevistas con funcionarios y activistas de colectivos independientes.

Daniel Urrutia, coordinador de la mencionada organización, señaló en conferencia de prensa que entre los asuntos más preocupantes que analizaron se encuentra la falta de control del gobierno sobre los centros penitenciarios.

Por otra parte, los comisionados de la RIJ subrayaron que en México persiste una cultura de la corrupción y la informalidad, donde los altos funcionarios judiciales no gozan de autonomía real frente al Poder Ejecutivo, ni hay mecanismos profesionales para nombrar a nuevos jueces.

Asimismo, indicaron que el Estado mexicano confunde la seguridad con la justicia, degradando esta última con la participación de las fuerzas armadas. Venimos de países donde se han cometido genocidios en el nombre de la seguridad, por eso les llamamos a cambiar este paradigma, enfatizó el magistrado chileno.

En el mismo sentido, denunciaron que los migrantes indocumentados siguen padeciendo violaciones masivas de sus derechos al cruzar por territorio mexicano; hay una tardanza desconcertante de las autoridades para investigar los casos de feminicidio; se criminaliza cada vez más a los movimientos sociales; se producen cateos sin orden judicial, más propios de un Estado fascista, y los derechos de los trabajadores han retrocedido a estadios prerrevolucionarios con la inaceptable reforma laboral.

El problema del sistema judicial mexicano, aseveró Urrutia, no es la redacción o el diseño de sus leyes, sino la forma en que sus autoridades las llevan a la práctica, y en particular la forma en que las garantías de sus ciudadanos han sido quebrantadas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado.

Hacemos un reconocimiento por algunos avances de la justicia en México, como la restricción del fuero militar por el caso de Rosendo Radilla, pero hace falta avanzar más. A la luz de la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2011, este es un gran momento para que las autoridades recuperen su credibilidad.