La evaluación educativa en México se reduce a criterios políticos establecidos entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), abandonando las obligaciones establecidas en la Ley General de Educación, que compromete a las autoridades a revisar sistemáticamente el rendimiento de todos los mentores en el país.

La Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados elaboró un estudio sobre las condiciones del conocimiento de los maestros, y su resultado reveló que la obligatoriedad de la evaluación se subordina al ámbito político desde hace décadas, propiciando un alarmante decaimiento del sistema educativo nacional.

Desde 1936 se registran los primeros intentos de evaluación de la docencia, pero no han dado los resultados esperados por la resistencia, sobre todo de parte de los docentes, quienes a lo largo de los años han argumentado que ya fueron evaluados cuando se titularon; que la evaluación no es buena, porque no es integral; que la evaluación no la pueden hacer los que desconocen lo que es ser maestro; que la evaluación es una imposición del Banco Mundial, y que no se puede evaluar a los maestros igual, porque se deben tomar en cuenta la deficiente infraestructura y la pobreza de las familias mexicanas.

El trabajo de investigación elaborado por Claudia Gamboa y Sandra Valdés establece que en derecho comparado, a diferencia de México, “podemos observar que la evaluación de los docentes en funciones en el aula se encuentra bien regulada en su legislación (…) entre esos puntos se abordan tanto los beneficios o estímulos que los docentes obtendrían de la evaluación como las sanciones a las que se harían acreedores en caso de que los resultados demuestren deficiencias en los docentes, como sucede en Chile, en donde si los profesores resultan evaluados con desempeño insatisfactorio, corren el riesgo de dejar de pertenecer a la plantilla de académicos”.

También en Colombia se observa que para el caso de los directores la no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón. En cuanto a beneficios se observa la posibilidad de ascender en el escalafón de obtener becas, e incluso la opción de un año sabático de estudio, como en el caso de Chile.

Frente a tal circunstancia, la Cámara de Diputados, refiere el estudio, pretende dotar de autonomía de gestión y presupuestaria, y personalidad jurídica y patrimonio propios al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Asimismo, la evaluación para los docentes se aplicaría de forma sistemática y permanente, y se propone que por lo menos una vez al año se lleve a cabo una evaluación estandarizada para todos los actores que intervienen en el proceso educativo para mejorar la calidad de la enseñanza.

Por otra parte, el instituto autorizaría la aplicación de exámenes de evaluación estandarizados de organismos internacionales, como la OCDE, la Unesco y todos aquellos con que México tenga convenios de trabajo y colaboración en materia educativa.

Si la actual legislatura diera el paso para garantizar que la evaluación educativa fuese una realidad, el ingreso y promoción a la labor docente se llevaría a cabo con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente al grupo.

Así, los docentes tendrían acceso a cursos de actualización y profesionalización continuos, con la finalidad de elevar sus capacidades en beneficio de los educandos. De igual manera se busca que los particulares que impartan educación también cumplan con la evaluación del desempeño docente.

Se dejaría establecido quiénes serán los actores que están sujetos a evaluación como: docentes frente a grupo; docentes en funciones de apoyo técnico-pedagógico, y directivos de educación inicial básica (en este caso, incluyendo expresamente a la indígena-especial y de educación física).

Los legisladores, por su lado, proponen otorgar atribuciones a las autoridades educativas federales para que establezcan los mecanismos de evaluación del desempeño, para que también sean evaluados los funcionarios del Sistema Educativo Nacional que no ejerzan actividades pedagógicas y docentes.

Y a todo esto se sumaría la expedición de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, recordando que actualmente se rige por el decreto que da origen a su creación.