l 10 de diciembre de 2008 fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC). Es un tratado adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, del cual México es Estado parte desde el 23 de marzo de 1981. Posteriormente, el 24 de septiembre de 2009, se abrió el proceso para que los estados, mediante su firma, ratificación o aprobación garanticen lo establecido en él, para proteger el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

Se han cumplido ya tres años y aún no se ha logrado el mínimo de 10 estados que lo ratifiquen para que pueda entrar en vigor. Este instrumento internacional proporcionaría herramientas para la exigibilidad jurídica de los DESC, ya que establecería tres mecanismos o procedimientos diferentes para atender violaciones a los derechos humanos reconocidos en el PIDESC.

Con ello, tanto personas como grupos podrían presentar casos de violaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, y se podrían realizar las investigaciones correspondientes ante situaciones graves y sistemáticas de violación a los derechos consagrados en ese instrumento. El Comité DESC, como órgano independiente, podrá determinar si un Estado incumplió o no con alguna de las obligaciones derivadas del pacto.

Desde la fecha de apertura, únicamente 40 estados han firmado el mencionado protocolo, de los cuales 15 son de Europa, 10 de América Latina, 10 de África, cuatro de Asia y uno de Oceanía. Preocupa no obstante que sólo ocho países lo hayan ratificado: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Bosnia y Hersegovina, Eslovaquia, España y Mongolia. Y llama además mucho la atención que a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, y de la permanencia de este tema en la política exterior del régimen, México –activo promotor del protocolo en la fase de su elaboración y discusión– no lo haya todavía firmado ni ratificado.

Por el contrario, si no tarda más el proceso administrativo para firmarlo y turnarlo al Senado, el Estado mexicano podría contribuir mucho para que pueda entrar en vigor. La Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que lo que demora la firma es la consulta interna y la aprobación que antes debe recabarse de todas las secretarías de Estado involucradas en su contenido. Cabría preguntarse entonces si el letargo no se debe más bien a que no se están tomando debidamente en cuenta las obligaciones a las que se ha comprometido el Estado mexicano en materia de derechos sociales.

Para estimular una mejor voluntad política, que haga a México reconocer la competencia del Comité DESC, un grupo de organizaciones sociales, de organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, así como de redes, organismos públicos autónomos, académicos y comunicadores de diversas entidades federativas del país, impulsan la campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC en México, cuyo propósito es precisamente impulsar acciones de difusión, formación e incidencia desde la sociedad civil, para avanzar en la justiciabilidad de los DESC y urgir al Estado mexicano a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del PIDESC en el menor plazo posible.

Con el fin de contribuir a su promoción, pero también, y más importante, al reconocimiento de este instrumento, todos estos actores han articulado esfuerzos y acciones, lo que iría en una dirección positiva, acorde con las últimas reformas en materia de derechos humanos. En un comunicado reciente, la campaña señala que entre las acciones que ha emprendido están las solicitudes periódicas de información a la cancillería sobre la evolución del proceso de firma del PF PIDESC, con las que ha podido darle seguimiento. Entre las respuestas obtenidas, por medio del consultor jurídico adjunto B, tuvo conocimiento en junio pasado de un nuevo periodo de consultas a otras dependencias federales, pero que aún no se cuenta con un dictamen favorable para gestionar su firma.

Esta acción resulta preocupante, pues las consultas habían concluido favorablemente a finales de 2011, luego de un proceso de tres años. Ahora se corre el riesgo de que el proceso no se concrete antes de que concluya la actual administración federal. Para variar, dichas acciones resultan además contradictorias con los señalamientos de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el sentido de que la firma del PF PIDESC se realizaría pronto. Por ello la campaña mexicana solicitó una reunión informativa, cuya fecha aún sigue pendiente, para conocer los avances y el resultado de dichas consultas.

En dos ocasiones la campaña ha entregado un escrito para solicitar la pronta adhesión de México a tan importante instrumento. El primero, a la cancillería, responsable de coordinar las consultas dentro de la administración pública, antes de definir la firma de un instrumento de derechos humanos, el 7 de diciembre de 2011, con 18 mil firmas. Y el segundo, a su titular, la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, el 21 de septiembre de 2012, suscrito por 179 organizaciones y redes mexicanas, y acompañado con mil 121 firmas ciudadanas, en el que se exhorta una vez más al gobierno a avanzar en el desarrollo y aplicación de recursos internos apropiados para atender y reparar violaciones a los DESC, poniendo como prioridad el respeto de la dignidad de las personas y las comunidades. (http://ratificapfpidescmex.org)