Chilpancingo, Gro., 5 de octubre. El falso que sólo falten por cumplirse dos de las 30 recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los sucesos en los que perdieron la vida dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y un empleado de una gasolinera el diciembre pasado, aseveró Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Facundo Rosas, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, aseguró, en un taller de derechos humanos efectuado ayer en las instalaciones de esa dependencia, que en el caso de Ayotzinapa, “se generó una recomendación que hemos atendido y hemos respondido a la SSP federal y también a los medios de Guerrero.

Tenemos dos pendientes: el primero la disculpa pública (a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y a los familiares estudiantes muertos) de la cual nos estamos poniendo de acuerdo con el estado de Guerrero para llevarla a cabo, y el segundo es una honorable indemnización para (los familiares de) una víctima (Gonzalo Rivas Cámara, empleado de la gasolinera), dijo.

Sin embargo, Barrera Hernández dijo hoy que el gobierno federal y estatal tratan de confundir. Para nosotros el punto central es el tema de las investigaciones de los hechos que ocasionaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y la de Gabriel Echeverría de Jesús. No hay sentencias firmes contra los policías ministeriales señalados como responsables de los delitos.

Incluso, agregó, hay riesgo de que los procesados puedan salir de la cárcel. En el tema de lo que ha sido la investigación y castigo a los responsables, las autoridades no han hecho su trabajo como debe ser. Otro tema fueron las torturas contra los estudiantes, acreditados por la misma CNDH, y que no han sido investigados, y mucho menos sancionados los responsables de este grave delito. El hecho de que se plantee que se haga un reconocimiento público no tiene ningún sentido si antes no hay investigación y no hay justicia, y el castigo a los responsables, y ante todo garantía de no repetición de estos actos, protección a las víctimas y finalmente garantizar una reparación de daños, agregó.

Barrera Hernández acusó también al Congreso local de no haber cumplido con su responsabilidad relacionada con los juicios políticos (al ex procurador de Justicia Alberto López Rosas y al ex secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte Borja).