La Habana, 17 de septiembre. Un alto jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dice a La Jornada que el grupo guerrillero rechaza el narcotráfico pero no lo perseguimos, porque no somos la policía.

Así de sencillo, responde Marco León Calarcá, el alias con el que se conoce a Luis Alberto Albán Burbano, uno de los delegados titulares del grupo rebelde a las conversaciones de paz, que se iniciarán en Oslo el próximo 8 de octubre.

Calarcá mantiene el mismo tono de voz pausado cuando se le pide reaccionar a las acusaciones contra las FARC, que van desde complicidad en la protección de territorios del narco o trasiego de dinero hasta operaciones en el negocio.

El grupo persiste en su propuesta de legalizar el consumo de droga –que lanzó hace 12 años– y de remplazar cultivos.

El líder rebelde confirma que las FARC hablaron una vez con Estados Unidos sobre sustitución de cultivos de coca. Fue en la entrevista secreta en Costa Rica (marzo de 1999) entre el enviado de la guerrilla, Raúl Reyes; Phillip Chicola, a cargo de Países Andinos en el Departamento de Estado estadunidense y el secretario general de la Presidencia de Colombia, Juan Hernández.

El seguimiento fue la negociación de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, pero nunca más hubo contacto con Estados Unidos.

El problema del narcotráfico no es el campesino que cultiva ni es el pobre enfermo que consume, afirma Calarcá. Las FARC proponen resolver los problemas de los cultivadores a través de generar las condiciones para que su trabajo pueda resultar rentable. Y vamos a resolver el problema del consumo a través de programas de salud y prevención.

El vocero agrega que ahora las FARC han relanzado un plan de remplazo de cultivos, que ya habían presentado durante las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán (1999-2002).

Subraya que la clave es garantizar la comercialización. El campesino siembra yuca, plátano, frijol, maíz, pero le vale más el flete para sacar el producto al lugar de la venta que lo que obtiene. No es negocio.

Con lo rentable que es ahora la coca, que no tienen que pagar ni flete ni nada, hacen la base y se la llevan en una mochila; cualquiera carga dos, tres, cuatro kilos”. Sin embargo, apunta que el campesino apenas sobrevive con eso.

Recuerda que en 2000, en una reunión plenaria en el Caguán, el Estado Mayor Central de las FARC lanzó una propuesta para legalizar el consumo de droga: Nos ridiculizaron.

Ahora esto es un debate internacional que gana densidad. A favor están el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, varios ex mandatarios y numerosos intelectuales.

Si no hay grandes ganancias, si no es un gran negocio, nadie se va a meter a eso, razona el dirigente rebelde.

Marco León Calarcá, uno de los delegados titulares de las FARC para el diálogo de paz con el gobierno colombiano que comenzará en Oslo el 8 de octubreFoto Gerardo Arreola

Calarcá rechaza cualquier imputación de que las FARC se hayan mezclado en el negocio o de alguna forma colaboren. Asegura que los militares colombianos encargan a los narcos la ejecución de asesinatos o ataques a cambio de voltear la cabeza cuando pasan los cargamentos. Ese es el origen de una forma de paramilitarismo.

Los paramilitares que ahora están destapando sus historias hablan de sus relaciones con los sectores de la derecha y militares de alta graduación, nunca hablan de contactos con las FARC.

Abunda en el caso al evocar una reglamentación de la guerrilla que obliga a los campesinos que están en zonas bajo control de las FARC a cultivar una hectárea de alimentos por cada hectárea de coca que tengan.

En otras partes somos respetuosos

En 1993 las FARC se lanzaron a una ofensiva diplomática. Se hicieron de presencia pública y en México abrieron una oficina que dirigió Calarcá.

Empezamos a explicar a los gobiernos esa realidad colombiana; que no somos narcotraficantes, que no somos trogloditas, que somos una organización político-militar. Entonces no estaba generalizado el término terrorista.

En México nunca hicimos nada ilegal, apunta el comisionado rebelde. A mucho honor somos subversivos en Colombia, pero en las otras partes somos muy respetuosos. No nos metemos.

Su misión era hablar con el gobierno, con los partidos y grupos sociales afines. Difundir su revista y sus posiciones, siempre con el conocimiento de las autoridades.

En algún momento el gobierno de Ernesto Samper quiso moverles el piso y emitió órdenes de captura por rebelión contra algunos de los guerrilleros que hacían labor pública. En 1998 Calarcá estaba de viaje y lo detuvieron en Bolivia durante una semana.

Pero tanto Bolivia como México entendieron que el delito era sólo de jurisdicción colombiana. No lo deportaron a su país, como quería Samper.

Precisa que en México nunca tuvo incidentes ni malos tratos. En su momento dijimos en una declaración pública que agradecíamos, como agradecemos de corazón, al gobierno y al pueblo mexicano la acogida.

Ya electo, Alvaro Uribe pidió a Vicente Fox que cerrara la oficina de las FARC. El mexicano aceptó y en 2002 la cancillería le avisó a Calarcá que debía irse. “Nos pidieron que pusiéramos fecha. No nos dijeron ‘usted se va tal día’. Fue un trato muy respetuoso y nosotros entendimos, porque conocíamos el origen”.

Tiempo después, dice Calarcá, en Colombia valoraron eso como un error, porque se quedaron con todos los canales cerrados con nosotros. No tenían forma de comunicación.