Los cientos de desplazados guatemaltecos de la comunidad de Nueva Esperanza, quienes fueron expulsados de sus tierras en agosto del año pasado, siguen expuestos a graves y continuadas violaciones a derechos humanos cometidas por los gobiernos de Guatemala y México, quienes los han mantenido en un campamento en condiciones muy precarias, denunció la Misión Civil de Observación.

Mediante un comunicado conjunto, más de 80 organizaciones de derechos humanos de todo el país subrayaron que la expulsión de las familias de Nueva Esperanza, hoy refugiadas en México, representa una clara violación al derecho internacional humanitario, pues se mantienen en la línea fronteriza entre ambos países en condiciones críticas que a lo largo de un año se han deteriorado gravemente.

Las violaciones al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a la vivienda, y a la asistencia humanitaria y agravios a población particularmente vulnerable como la infancia y mujeres embarazadas fueron documentadas en el informe Los invisibles de la frontera olvidada, que concluye con un llamado urgente y exigencias a los gobiernos de México y Guatemala para que den asistencia humanitaria a los desplazados.

Los colectivos firmantes recordaron que en enero de 2012, las autoridades mexicanas realizaron una acción violenta para desentenderse de sus obligaciones, vulnerando diversos derechos y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y emocional, particularmente de la infancia. Estos hechos permanecen impunes.

Además, el gobierno del país incurrió en actos crueles para repatriar a las familias desplazadas, pues los agentes que participaron en la expulsión detuvieron a niñas y niños para lograr así que se entregaran sus padres.

Un año después del desalojo, añadieron las organizaciones, no se han comprobado ni sostenido acusaciones de vínculos con el narcotráfico o de afectación de la reserva con las que autoridades guatemaltecas intentaron incriminar a las y los pobladores de Nueva Esperanza, lo cual confirma el temor expresado por la Misión Civil de Observación de que fuese una estrategia para criminalizar a las y los desplazados y justificar el desalojo.

Por todo ello, la Misión Civil de Observación se dijo preocupada por las tácticas dilatorias con la que el gobierno anterior y el entrante de Guatemala han tratado a las y los desplazados, y llamó a privilegiar el retorno de los pobladores a sus tierras. Cuando éste no sea posible, debe plantearse una reubicación y, en todos los casos, la reparación del daño.