El gobierno federal es omiso e incapaz de reparar el daño a las víctimas de trata y su falta de interés en el tema se refleja en el presupuesto y la voluntad política para atender el problema, apuntaron los participantes en las jornadas de discusión rumbo al diagnóstico nacional sobre la situación de ese delito en México.

Jaime Montejo, de Brigada Callejera, informó que de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) difundidos en el segundo día de trabajo del encuentro, el presupuesto federal etiquetado para atender la trata de personas en el país de 2007 a 2011 fue de apenas 11 millones de pesos. De ese tamaño es la voluntad política del gobierno, acusó el activista.

Comentó que los expertos de Naciones Unidas se refirieron a la falta de articulación de instituciones públicas, así como entre dependencias a escala federal y estatal, en suma, son acciones aisladas.

De acuerdo con Montejo, los asistentes coincidieron en que no hay transparencia en los recursos económicos ni capacidad de respuesta frente a este delito.

Hay una total indiferencia del Estado en torno al problema de la trata. Prueba de ello es que el gobierno mexicano no hace reparación del daño a las víctimas, lo hacen las organizaciones sociales; a muchas víctimas no les interesa denunciar por el maltrato institucional que reciben en el DIF y en el Ministerio Público y no tiene capacidad de respuesta, pues no cuenta con albergues para las víctimas ni personal capacitado, denunció.

Advirtió que la ley antitrata recién expedida va a generar un marasmo de averiguaciones previas y el gobierno no tiene refugios, ni el ministerio capacidad para levantar dichas averiguaciones, y se corre el riesgo de que todo el esfuerzo que se ha hecho se reduzca a nada por la falta de capacidad de operación del Estado mexicano para atender este tema.

Sobre los vacíos de la ley general antitrata, publicada en junio pasado, expertos de la academia, la sociedad civil y el organismo internacional apuntaron que aquella contempla castigo a la demanda de trata, pero está condicionado a que el cliente sepa que se trata de una víctima y muchos pueden eludir la sanción.

El defensor de los derechos humanos aseveró que un consenso generalizado entre los integrantes de la sociedad civil es que el tema se debe abordar a partir de tres enfoques: de derechos humanos, género y velando por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero independientemente de ese enfoque tripartita lo que tiene que haber es un trabajo dirigido a la comunidad.

Entre las propuestas y recomendaciones se encuentran la asignación de presupuestos específicos para fortalecer a la sociedad civil y los académicos que trabajan con el tema y que la Secretaría de Educación Pública incluya el tema de género y trata de personas en sus programas educativos.