La cobertura universal de servicios de salud no existe en México. Los problemas estructurales y de organización del Seguro Popular lo impiden y explican que más de 30 por ciento de los afiliados en zonas marginadas, no tengan la atención médica que, se supone, les garantiza su póliza, o que ante una enfermedad gasten lo mismo o aún más respecto de un proveedor privado. Así lo revela un trabajo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

El estudio, realizado con indicadores cuantitativos y cualitativos, detectó que aunque el Seguro Popular se anuncia como de atención gratuita para 284 intervenciones, en realidad los pacientes deben cubrir cuotas de recuperación por diversas razones, entre otras, que los recursos económicos provenientes de la Federación y de los gobiernos estatales no alcanzan a clínicas y hospitales para realizar los servicios de limpieza y mantenimiento de sus instalaciones.

En otros casos, el desembolso económico de los asegurados es porque el abasto de medicinas y material de curación es insuficiente y los pacientes deben comprarlos.

Agustín Escobar, antropólogo y coordinador de la investigación, comentó que resultado de dos encuestas levantadas en 9 mil 300 hogares en cuatro estados de la República (Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Jalisco) se encontró que los promocionales del gobierno federal respecto de los alcances del Seguro Popular son poco claros e incompletos, porque no explican las limitaciones de la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Las personas afectadas por alguno de los 57 padecimientos de alto costo incluidos en el Fondo se encuentran con que los gastos de algunos procedimientos o males asociados deben pagarlos de su bolsillo.

Durante una conferencia para presentar los resultados del estudio, el especialista comentó que si bien la existencia del Seguro Popular representa un avance importante en el país, pues más de 85 por ciento de los mexicanos cuenta con algún tipo de servicio, todavía es insuficiente.

Los investigadores del Ciesas y del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron entre los entrevistados que cuando por algún padecimiento tuvieron que pasar al menos una noche en el hospital, 44 por ciento gastó menos dinero por ser afiliado al Seguro Popular, pero 17 por ciento prefirió no utilizar los servicios a los que tiene derecho; 7.8 por ciento gastó más; y 6.8 por ciento invirtió la misma cantidad que si hubiera acudido a un servicio médico privado. Otras irregularidades encontradas en el curso de la investigación fue que hay falsedad en la información sobre la acreditación de las unidades médicas. Al menos así ocurrió en una zona de Oaxaca, donde la información oficial asegura que hay tres clínicas con la acreditación para atender a los afiliados del Seguro Popular, pero en realidad, sólo una había sido visitada y garantizaba una atención médica de calidad.

En Michoacán se encontraron casos similares, pues aunque clínicas y hospitales aseguraban haber sido acreditados, los trabajadores comentaron que había carencia de personal e insumos para la atención de los enfermos.

Agustín Escobar también comentó sobre la opacidad con que se maneja el Seguro Popular y la dificultad que tiene para superar sus deficiencias; una es la negativa de la Secretaría de Salud a proporcionar el listado nominal de los asegurados, el cual habría sido de utilidad para el estudio del Ciesas y la UNAM.

Otros obstáculos para lograr la cobertura universal son administrativos, como el cúmulo de documentos que deben presentar las personas, lo que en zonas rurales e indígenas resulta, además de difícil, de alto costo. Es el caso de las copias certificadas de actas de nacimiento, que en esos lugares pueden costar hasta mil pesos.