La presencia de agentes de la Policía Federal (PF) y elementos castrenses por el Operativo Nuevo León desde febrero de 2007, ha derivado en constantes violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de los militares y las mujeres se han visto particularmente afectadas, señala un informe suscrito por organizaciones civiles defensoras de los derechos de género.

De acuerdo con el texto –que forma parte de los reportes sombra entregados al comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en julio pasado–, la estrategia federal contra el crimen organizado ha provocado en Nuevo León más violencia, un tejido social débil e impunidad.

Asegura que la violencia desatada por esa táctica ha propiciado más desempleo, descenso en oportunidades para las mujeres, pobreza, marginación y la desintegración social y familiar que, lejos de fortalecer a la sociedad, ha generado condiciones para un incremento de la delincuencia.

Agrega que las libertades fundamentales y derechos humanos de las mujeres están siendo fuertemente violentados, siendo el de las indígenas uno de los sectores más afectados.

El reporte, suscrito entre otros grupos por Arthemisas por la Equidad, Centro de Estudios de Género Simone de Beauvoir y Colectivo Plural de Mujeres, señala que en Nuevo León se ha recrudecido la violencia contra las mujeres y prueba de ello es que, según cifras oficiales, “la tasa de homicidios (feminicidios) por cada cien mil mujeres se ha incrementado en más de 40 por ciento al pasar de 2.45 a 3.52 en el periodo 2005 a 2009”.

Registros hemerográficos dan cuenta de dicho incremento, pues mientras en el periodo 2000-2008 hubo 23 mujeres asesinadas al año, en promedio, en 2009 la cifra aumentó a 40; en 2010, a 74, y de enero a octubre de 2011, hubo 174 asesinatos.

Los colectivos denuncian que cuando aparecen mujeres asesinadas en la entidad las autoridades, “antes de llevar a cabo alguna investigación, afirman que se trata de mujeres vinculadas a la delincuencia organizada, criminalizando a priori a las víctimas. Justifican los asesinatos diciendo que son enfrentamientos entre bandas criminales, como si estas mujeres no merecieran justicia o el esclarecimiento de sus muertes”.

Las organizaciones llaman a tipificar en el estado el feminicidio como delito y demandan una investigación exhaustiva de los casos de mujeres asesinadas y/o desaparecidas.