Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se emprendió una política de terror en materia migratoria, caracterizada por asesinatos, secuestros y torturas contra miles de migrantes que transitan por territorio nacional, señalaron defensores de derechos humanos. Agregaron que el gobierno federal deja una deuda en la protección de las garantías y seguridad de ese sector.

Uno de los ejemplos paradigmáticos es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde se hallaron los cuerpos de 72 migrantes en una fosa clandestina, hecho que permanece en la impunidad.

Ayer, se realizó un acto para conmemorar el segundo aniversario de esos asesinatos, donde se anunció que el caso será analizado por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) como crímenes de Estado y de lesa humanidad, y posiblemente como genocidio. Se informó además que de 2006 a la fecha han desaparecido unos 70 mil migrantes en el país, muchos de ellos encontrados en fosas clandestinas en diferentes ciudades.

Políticas de control, no de apoyo, afirma Vera López

El obispo de Saltillo, Coahuila, y miembro del consejo de garantes del capítulo mexicano del TPP, Raúl Vera López, subrayó que las políticas migratorias del gobierno mexicano no son de apoyo o asistencia sino de control, y su finalidad es evitar que lleguen a Estados Unidos. Es muy clara la impunidad en la que se deja actuar al crimen organizado, es una política de terror, dijo en entrevista.

Antes, durante su participación en el acto, afirmó que la infiltración del crimen organizado en las estructuras de la función pública afecta terriblemente la vida del país, ya sea en el Instituto Nacional de Migración, en el Ejército o en las corporaciones policiacas, locales y federal. El caso San Fernando exhibe la complicidad entre quienes están en los retenes supuestamente para capturar a los migrantes y deportarlos.

Son esos mismos policías quienes entregan a los migrantes a los delincuentes en las casas de seguridad; lo que significa un aumento de la putrefacción de las estructuras de administración de la justicia.

Quienes trabajamos con los migrantes vemos que la cadena de impunidad que permite actuar al crimen organizado significa sufrimiento, muerte, tortura y destrucción de los indocumentados y sus familias, que abandonan su patria con la esperanza de mejorar sus vidas, señaló.

José Jacques Medina, ex diputado federal y miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Migrante, indicó que durante el sexenio calderonista han desaparecido unos 70 mil migrantes en tránsito. Con base en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que sólo en el primer semestre de 2010 el organismo reportó la desaparición de 10 mil migrantes y al cierre del año la cifra superó las 20 mil.

Camilo Pérez Bustillo, de la comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del capítulo mexicano del TPP, sostuvo que Hoy nos convoca la patología del Estado mexicano. La persistente impunidad de un caso emblemático de terror estatal, que ha marcado y permeado el sexenio que concluye entre los puños ensangrentados de Calderón.

Añadió que en el TPP existe el compromiso de dar seguimiento, hasta las últimas consecuencias, a la demanda de justicia, verdad, reparación integral del daño individual y colectiva, y de no repetición de todas las conductas y políticas, acciones y omisiones que han constituido una política de terror estatal contra los migrantes en tránsito, que hicieron posible y perfectamente predecible y prevenible la masacre de San Fernando y las fosas.

Dolores González Sarabia, de Servicios y Asesoría para la Paz, indicó que los crímenes de migrantes se seguirán presentando mientras no se castigue a los responsables y no se combata la impunidad.

El acto se efectuó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde el titular del organismo, Luis González Plascencia, resaltó que la masacre de San Fernando dejó en claro la realidad de los secuestros de migrantes por el crimen organizado, denuncias que habían sido sistemáticamente señaladas por organizaciones civiles e ignoradas por los gobiernos federal y estatal.