Madrid, 21 de agosto. A 30 años de la matanza de El Calabozo, cometida por el ejército salvadoreño el 22 de agosto de 1982, durante la guerra civil en El Salvador, cuyo saldo fue de 200 asesinados, Amnistía Internacional (AI) denunció que el crimen permanece impune e instó a las autoridades a investigar la masacre, ocurrida a orillas del río Amatitán.

Las matanzas de los militares iniciaron en 1982, sobre todo en zonas rurales. “En agosto de ese año, las fuerzas armadas salvadoreñas lanzaron una importante ofensiva en la región septentrional de San Vicente, zona que los militares consideraban baluarte de la guerrilla.

A medida que se difundía la noticia de la ofensiva, las comunidades de San Vicente empezaron a huir al temer por sus vidas. Muchos que se quedaron para cuidar las tierras eran ancianos, mujeres y niños pequeños”, señaló AI en un artículo de investigación reciente. Tras varios días de bombardear la región, los militares ordenaron la ocupación terrestre.

Ellos querían terminar con todo, con personas y animales (...), los dejaron sin nada. Les incendiaron las casas, todo lo quemaron, rememoró Felicita, una sobreviviente y testigo citada por AI.

Entonces, los pobladores de la región huyeron masivamente, lejos de las bombas y del fuego indiscriminado provocado por la milicia. Por la noche del 21 de agosto, un grupo integrado por varios centenares de hombres, mujeres y niños consiguió llegar a orillas del río Amatitán, al lugar conocido como El Calabozo, ahí planearon descansar, para reanudar la marcha por la mañana, cuando los niños hubieran podido recuperarse.

Al amanecer se encontraron con que había llegado el Batallón Atlacatl, de la milicia salvadoreña entrenado por Estados Unidos, el cual los asesinó.

Para borrar las pruebas, el ejército arrojó ácido sobre los cuerpos masacrados y posteriormente tiró los restos al río para que se los llevara la corriente.

En 1992, algunos sobrevivientes iniciaron un expediente judicial ante las autoridades, pidiendo que los responsables rindieran cuenta de sus actos ante la justicia.

Pese a las pruebas y de que la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas, establecida tras finalizar el conflicto civil también documentó la masacre, la investigación sobre estos hechos se cerró en 1993.

La última vez que se reabrió el caso fue en 2006, pero según AI hasta la fecha la matanza sigue impune y no ha habido ningún juicio.

Las personas acusadas de estar implicadas en masacres como la de El Calabozo aún ocupan cargos influyentes, y los casos se paralizan durante decenios, en un sistema judicial que ha defraudado reiteradas veces a las víctimas. Casi ninguna de las personas que ordenaron y cometieron homicidios, torturas y violencia sexual durante el conflicto, en el que se calcula que murieron 75 mil personas, ha tenido que responder nunca de sus crímenes, denunció la investigación de AI.