Aunque el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington obtuvo el pasado viernes un amparo contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias, antes de que pudiera haber retirado un solo peso, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) volvieron a congelar sus cuentas, revelaron este lunes a La Jornada fuentes ministeriales y judiciales.

El político tamaulipeco obtuvo de un tribunal federal con sede en Tamaulipas un amparo contra el acuerdo de aseguramiento de varias de sus cuentas bancarias, congeladas en junio pasado.

La PGR mantiene abierta una averiguación previa contra Yarrington, quien continúa sujeto a una investigación por lavado de dinero presuntamente derivado de actividades del narcotráfico.

Son muy comunes estas acciones en que los fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) reinciden en su determinación de congelar, una y otra vez, las cuentas bancarias de personas públicas sujetas a una investigación por lavado de dinero.

No han sido poco los casos en que la PGR enfoca sus baterías ministeriales contra alguna persona moral o física que por su tipo de profesión está en la mira de alguna autoridad, ya sea por diferencias políticas, económicas o ideológicas.

Así le ocurrió al sindicato minero, que durante el sexenio del presidente Vicente Fox obtuvo al menos seis amparos contra resoluciones de aseguramiento de sus cuentas bancarias, pero aun así la PGR emitía una y otra vez sus acuerdos en el mismo sentido.

De acuerdo con fuentes ministeriales, luego de que la Siedo hizo la petición a la CNBV, fueron inmovilizadas, por segunda ocasión, las cuentas del ex gobernador de Tamaulipas.

En la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 contra Yarrington Ruvalcaba y varios de sus presuntos prestanombres, la dependencia reconoce que también está involucrado el ex gobernador tamaulipeco Eugenio Hernández, contra quien se giró una alerta migratoria en enero pasado.

La PGR indicó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a México información sobre el patrimonio de Yarrington para integrar las acusaciones en su contra.