n la población de Nueva Jerusalén, Turicato, Michoacán, se agudiza el conflicto entre el grupo religioso mayoritario en el lugar y las autoridades del estado, habida cuenta de que el primero impide la impartición de clases regulares en la localidad por considerar que su fe es incompatible con la enseñanza pública. El fanatismo es de tal dimensión que el líder de la organización religiosa, quien se hace llamar Martín de Tours, ordenó hace unas semanas a sus seguidores que demolieran las dos escuelas de la localidad, una primaria y un centro prescolar. En estos momentos, los religiosos mantienen bloqueados los accesos a una casa particular improvisada como plantel educativo e impiden el inicio del actual ciclo de clases.
Para situar el asunto en perspectiva histórica, cabe recordar que la fobia religiosa a la educación pública en zonas rurales del país no es un fenómeno nuevo: desde los años 30 del siglo pasado la jerarquía católica del país promovió la intolerancia hacia los maestros, quienes eran con frecuencia víctimas de agresiones de turbas fanatizadas de creyentes. Esa intolerancia, aunque soterrada, se ha mantenido en diversas regiones, aunque ya no necesariamente contra los normalistas y los planteles escolares, sino contra minorías religiosas, políticas, ideológicas o sexuales y contra forasteros.
A lo anterior deben agregarse los procesos de simbiosis que tienen lugar en algunas poblaciones entre los cacicazgos locales y el Partido Revolucionario Institucional, los cuales desembocan en blindajes paranoicos de las propias comunidades en relación con el resto del país. Tal ha sido el caso en San Juan Chamula, Chiapas y, hasta fecha reciente, en Nueva Jerusalén, donde en cada elección el partido tricolor solía alzarse con la totalidad de los sufragios. Otro factor que propicia el desarrollo de comunidades cerradas e intolerantes es la espiral de violencia que ha tenido lugar en la presente administración.
Por lo que hace a la enseñanza, el sistema público ha experimentado, durante la imposición y profundización del modelo neoliberal vigente, un perceptible deterioro que reduce la capacidad de la institucionalidad política –tanto federal como estatal– de lograr la aceptación de escuelas y maestros en muchas comunidades. La corrupción y el caudillismo que imperan en el sector, aunados a las paupérrimas condiciones de funcionamiento de las escuelas y al empobrecimiento material e intelectual de programas, métodos y mentores, confluyen en la imposibilidad de promover la educación como instrumento de transformación social y de progreso personal y colectivo.
En el caso de Nueva Jerusalén, hoy se reprocha al gobierno michoacano debilidad y falta de voluntad política para cumplir sus obligaciones en materia educativa –es inadmisible, sin duda, haber tolerado la demolición de los centros escolar y prescolar en el sitio–, pero ha de tenerse en cuenta que ello ocurre en un contexto en que el gobierno federal y los estatales han venido abdicando a sus responsabilidades en materia de enseñanza pública y su obligatoriedad, y que los postulados constitucionales en este aspecto se incumplen en forma regular y creciente en muchos puntos del país, por más que en las altas esferas gubernamentales se presuma de logros educativos más bien imaginarios.
En lo inmediato, es claro que el ejecutivo michoacano se encuentra obligado a resolver la situación de Nueva Jerusalén, y ello implica persuadir a los integrantes del grupo religioso asentado en ese lugar de que dejen de obstaculizar la impartición de clases. Desde luego, ello no justifica el recurso a medidas represivas. La capacidad de operación política y de resolución de conflictos debe ser suficiente.
