Muchos de los militares que sean procesados en el fuero común, como resultado de las tesis de jurisprudencia que ha aprobado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los alcances del fuero de guerra, saldrán beneficiados, porque desde el agente del Ministerio Público castrense hasta el último de los integrantes del Supremo Tribunal Militar, actúan por consigna del general secretario de la Defensa Nacional, sostiene el general de brigada Rolfe Torres Calderón.

En un escrito difundido por el Centro de Análisis y Opinión Militar (Caomir), Torres Calderón señala que los defensores de oficio actúan por órdenes (del alto mando) y los castran en perjuicio de sus defendidos, de tal suerte que todo en el fuero de guerra es maroma y teatro.

Afirma en su escrito que los consejos de guerra son en teoría públicos, pero en los hechos se realizan en forma cerrada, lejos de familiares y de los medios de comunicación. Agrega que el que no se ventilen los juicios de manera pública pone a los militares infractores en una situación de vulnerabilidad. En cambio, en la justicia civil los militares podrán nombrar al abogado de su preferencia, que será autónomo respecto del juez y el Ministerio Público.

Torres Calderón agrega que a él le tocó vivir de cerca los abusos que se dan en la justicia castrense, como es el hecho de que muchas veces los juicios en el fuero de guerra se prolongan más de la cuenta, afectando así a los soldados y oficiales que son procesados.

También, añadió, hay bastantes compañeros que son inocentes y con esta decisión de la Suprema Corte se verán beneficiados, ya que en el sistema de justicia militar hay ineficiencia y corrupción en la integración de averiguaciones previas y es manifiesta la ineptidud de los impartidores de justicia. Les designan inicialmente a los defensores de oficio, pero no son de fiar, son traidores y cobardes, pero por falta de dinero deben aceptarlos. Además, indicó, es riesgoso designar un abogado civil que litigue en estos juzgados (militares) porque la mayoría están castrados.

En mi caso, apunta, las imputaciones que se hicieron fueron injustas, perversas y por consigna, pero gracias a un buen abogado particular que no se dejó intimidar durante todo el procedimiento salí avante. Afirma que incluso recibió ofertas del Ministerio Público militar de dejar al abogado civil para que se retirara la acción penal en su contra.

Comenta que en el más reciente proceso que se le siguió el procedimiento se alargó más de tres años.