Buenos Aires, 13 de agosto. Al fin hubo humo blanco en el largo paro de Subterráneos de Buenos Aires y esta noche la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), la empresa Metrovías y la Unión Tranviarios Automotores (UTA) firmaron un preacuerdo que levanta el paro más largo en la historia del metro que se prolongó diez días, aunque quedaría pendiente el reclamo salarial, que se resolverá en los próximos veinte días.

El gobierno de la ciudad llamó a negociaciones esta noche con los delegados después de un día en que éstos esperaron una señal que no llegaba.

El conflicto tuvo un serie de complejidades, que van más allá de un simple pedido de aumento salarial, al que ahora se agregaron nuevas solicitudes de beneficios para los trabajadores.

Los llamados metrodelegados dijeron hoy que esperarían hasta la medianoche para llegar a un acuerdo, pero no hubo convocatoria, sino hasta última hora de esta noche. Además acusaron al jefe de gobierno de la ciudad Mauricio Macri de politizar el conflicto.

Como se ha señalado aquí las razones para no dar una solución a este conflicto parecían poco racionales.

Por una parte, el gobierno capitalino tuvo desde el inicio un comportamiento errático. En enero se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, por el cual este último asumía la administración de Subterráneos de Buenos Aires, un servicio público esta capital, que por otra parte Macri había reclamado.

El ejecutivo nacional se comprometió a entregar 300 millones de pesos, de los cuáles se han depositado ya 240 millones, que Macri ha colocado en un fideicomiso, después de negarse, a pocos días del acuerdo firmado, a hacerse cargo del servicio del metro. Esos fondos no han sido utilizados.

Así la situación en el tire y afloje de los reclamos de Macri para que el gobierno nacional se hiciera cargo de todo tipo de inversión, la empresa privada Metrovías, que tiene a cargo el servicio del metro, afirmaba que no podía pagar los aumentos, si el gobierno capitalino no destinaba los fondos acumulados para mantenimiento e inversiones en Subterráneos de Buenos Aires.

En los últimos días parecía que sólo faltaba que Metrovía firmara con la AGTSyP un acta sobre mejoras de condiciones laborales.

De acuerdo a los delegados de este sector el 90 por ciento de ese paquete estaba consensuado el viernes pasado, aunque finalmente no se firmó. Dijeron que estaban dispuestos a levantar la huelga de inmediato si la empresa los llamaba antes de que el día terminara, aceptando las mejoras mínimas.

Pero los directivos de Metrovías advirtieron que querían seguir negociando y que esperaban que el gobierno llamara antes a los delegados a una nueva audiencia.

Mientras los trabajadores esperaban hoy la convocatoria citaron a conferencia de prensa para explicar que habían reducido las demandas en beneficios y que si se lograba acuerdo de inmediato funcionaría el metro. Leyeron los que se estuvo a punto de firmar el viernes pasado con la empresa y el gobierno de la ciudad.

Asimismo recordaron que los derechos que exigen están en el convenio colectivo del metro y entre estos puntos figura una mejor categoría para los boleteros, que están recargados de trabajo.

Pero además hay que explicar que el tema de salarios había sido firmado por la empresa con la UTA, el sindicato único que existía antes de formarse esta nueva comisión de delegados.

Éstos últimos denunciaron que ante una situación tan grave el jefe de gobierno se fue a ver el pasado domingo una carrera de automóviles como hace siempre ante los conflictos.

El último día de la semana pasada, Macri dictó la conciliación obligatoria e impuso una multa de cinco millones de pesos para los metrodelegados. La entidad gremial (AGTSyP) apeló la medida y denunció al gobierno ante la Organización Internacional de Trabajo por la sanción.

Por otra parte, el fiscal general adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, informó que se había recibido una denuncia por vía telefónica contra los metrodelegados, que es analizada por la fiscalía y que se podrían aplicar sanciones como una multa o una pena de prisión de hasta diez años para los sindicalistas.

En tanto, los medios masivos de comunicación de la derecha durante el conflicto trataron de quitar responsabilidad a Macri mientras que éste se había transformado en un nuevo esquema de ataques al gobierno nacional, las noticias cruzadas confundían a la población, y el problema no se difundía en términos verdaderos. El largo paro afectó a los sectores de menores recursos, que en las última horas estaban dispuestos a actuar para demandar una acción inmediata para reponer un servicio indispensable en una ciudad como Buenos Aires.