El presidente del Senado, José González Morfín, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a la brevedad la controversia constitucional contra la Ley General de Víctimas, presentada por el presidente Felipe Calderón, a fin de avanzar para que la legislación pueda entrar en vigor lo antes posible.

Explicó que la Unidad de Asuntos Jurídicos del Senado prepara la respuesta que presentarán a ese recurso del Ejecutivo federal, la misma que harán llegar a la Corte antes de que concluya la actual legislatura, pese a que tienen de plazo la primera quincena de septiembre.

González Morfín precisó que el Senado ratificará ante los ministros que el Ejecutivo presentó sus observaciones a esa ley fuera del tiempo constitucional. En el Senado no tuvimos nada que ver con la devolución del proyecto de decreto, que decidió el presidente de la Cámara de Diputados.

Calderón vetó la legislación el pasado primero de julio por la noche y argumentó estar en tiempo, debido a que tomó como fecha de entrega el primero de junio, en que la Secretaría de Gobernación recibió por segunda ocasión el proyecto de decreto de la ley.

Sin embargo, el Congreso le remitió la documentación el pasado 10 de mayo, aunque de forma unilateral, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce Paniagua, ordenó al secretario técnico retirarla y la retuvo en San Lázaro 20 días.

Entiendo la óptica del Ejecutivo, ya que argumentan que esos 20 días no tuvieron el decreto y materialmente era imposible formular las observaciones, pero nosotros tenemos el acuse de recibo del documento que se entregó en la Secretaría de Gobernación el 10 de mayo.

González Morfín agregó que con base en eso, al transcurrir el plazo constitucional, de 30 días para que el titular del Ejecutivo formulara las observaciones y de 10 días más para promulgarla y publicarla, él como presidente de la Cámara de origen lo hizo.

Calderón decidió controvertir esa decisión, argumentado que sus observaciones a la ley fueron hechas en tiempo y la Comisión Permanente no tenía facultades para ello. Nosotros actuamos con base en un mandato constitucional y la Suprema Corte debe decidir quién tiene la razón.

Ayer el Senado remitió a la Suprema Corte otro escrito, en el que se inconforma con la decisión de los ministros de decretar la suspensión de la ley, en tanto decide en torno a la controversia.

González Morfín no descartó negociar cambios al contenido de la misma, ya que, dijo, lo fundamental es que entre en vigor, porque se trata de una legislación necesaria para las víctimas del crimen organizado.