La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, afirmó que de abril de 2011 a la fecha 716 funcionarios de la institución fueron despedidos por no aprobar los exámenes de confianza y otros 272 fueron consignados por ser responsables de algún delito.

Al participar en el décimo congreso de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, la funcionaria detalló que si bien se removió a los 32 jefes regionales de la Policía Federal Ministerial y en su lugar se colocó a otras personas, han tenido que ser designados 49 nuevos funcionarios porque algunos no correspondieron a las expectativas que esperábamos de ellos.

En su discurso dijo que “la siembra, producción y tráfico de drogas tuvo como consecuencia que apareciera en México el problema de la venta de drogas para consumo local, narcomenudeo, motor generador de la violencia en nuestro país”, y que fue hasta los años 90 cuando el gobierno de la República reconoció formalmente la existencia de esta problemática.

Afirmó que a su llegada al cargo que hoy ocupa, en abril de 2011, encontró una PGR con falta de confianza y credibilidad de la sociedad; aplicación parcial de pruebas de confianza; perfiles inadecuados en el personal; corrupción e ineficiencia de algunos agentes del Ministerio Público y de la policía; presupuesto limitado; sistemas informáticos obsoletos y desarticulados, y descoordinación intra e interinstitucional, situación que, dijo, lejos de ser una limitante para excusar la falta de resultados, su servidora lo ha tomado como áreas de oportunidad respecto de la demanda social relativa a una mejor y más eficiente procuración de justicia.

Indicó que durante su gestión se ha dado a la tarea de depurar al personal y combatir la corrupción; aprovechar la información que generan las diversas instancias del Estado, haciéndola judicialmente útil mediante su integración a las indagatorias; fomentar la coordinación y cooperación interinstitucional e internacional; promover la interacción y coordinación con la sociedad; ser contundentes en la persecución de delitos, e inhibir el tráfico de armas.