Los titulares de las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), Bruno Ferrari y Rosalinda Vélez, anunciaron la suspensión de trabajos y obras en 32 minas carboneras de Coahuila, por incumplir normas de seguridad laboral y poner en riesgo la vida e integridad física de los trabajadores, pero no revelaron el nombre de concesionarios, patrones y empresas responsables.

La suspensión será definitiva para 14 minas y temporal en 18, y en caso de ser necesario se utilizará la fuerza pública federal para que concesionarios y patrones acaten la disposición, además de que deben seguir pagando salarios y prestaciones sociales a los trabajadores porque se mantiene vigente la relación laboral, aseguraron en conferencia de prensa.

Los secretarios advirtieron que las suspensiones podrían derivar en el inicio del procedimiento de cancelación de las concesiones mineras si en un plazo promedio de 30 días no se subsanan los incumplimientos en seguridad laboral. Aclararon que hasta que terminen los operativos se informará cuáles fueron las empresas y concesionarios sancionados.

Ferrari adelantó que, como propuso el gobierno de Coahuila, también se pedirá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principal comprador del carbón que se produce en el estado, así como a otras empresas, que sólo adquieran el producto con minas que demuestren cumplir con las condiciones de seguridad marcadas en la ley.

Las sanciones se imponen luego de que en una semana 13 mineros fallecieron en una explosión de gas metano (25 de julio) y un derrumbe (3 de agosto) en dos minas de Coahuila, explotadas por la Compañía Minera el Progreso y Minerales Moncloa (propiedad de Altos Hornos de México).

No podemos permitir que el aprovechamiento de los recursos de la nación se realice a costa de vidas humanas, así fuera una sola, sentenció Rosalinda Vélez, y advirtió que ninguno de los trabajadores de las minas suspendidas deberá perder su empleo ni sus ingresos. Si no es es así, abundó, pueden recurrir a la unidad móvil de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) que se encuentra en la zona carbonera de Coahuila, donde se genera 95 por ciento de la producción nacional de ese mineral.

La secretaria Vélez mencionó que desde 2002 a la fecha se han registrado 4 mil 500 accidentes de trabajo en minas de todo el mundo y 315 en México; esto implica que México concentra 7 por ciento del total de accidentes mineros del planeta. Refirió en lo que va del año se han detectado 424 violaciones a la normatividad laboral en el sector, de las cuales en 41 casos se decretó la restricción del acceso de los trabajadores a las minas.

Bruno Ferrari informó que a la fecha se tienen contabilizados 290 pocitos de carbón en activo, pero admitió que las autoridades carecen de información precisa sobre los contratos que celebran los concesionarios y la cesión de derechos de explotación. Los pozos, dijo, se abren constantemente y migran de un día para otro, y aunque hay verificaciones vía satélite no sabemos quién está haciendo esos agujeros, por lo que además de las suspensiones la SE hizo requerimientos de información a las empresas sobre las concesiones, el número de contratos que celebran bajo su amparo, los pozos y coordenadas geográficas, así como el tipo de obras que realizan.

Se propone que los concesionarios registren todos sus contratos relacionados con la actividad minera, cosa que no se hace, y rindan informes de actividades, dijo Ferrari.

Ambos funcionarios reiteraron que hace falta contar con nuevo marco normativo que permita a la autoridad imponer oportunamente sanciones contundentes y ejemplares contra quienes violan la ley, incluida la cárcel, así como incrementar las multas y tener facultades para clausurar un centro de trabajo en el que se detecten condiciones de peligro o riesgo para los trabajadores.