El Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy envió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae, de cara al debate que iniciará dicho organismo el próximo lunes sobre los alcances del fuero militar en abusos graves de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles.

Este recurso legal –consistente en un documento que un organismo le hace llegar a la Corte para contribuir para que tome una decisión informada, aunque no esté directamente involucrado en el litigio– busca presentar aportes significativos para la discusión del caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua asesinado por elementos del Ejército en un retén militar el 20 de junio de 2009.

El amicus curiae del Centro Kennedy se refiere a la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre el alcance del fuero militar. En él, se mencionan los fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para prohibir la intervención del fuero castrense en casos de violaciones a las garantías individuales cometidas por las fuerzas armadas en contra de civiles.

A manera de contexto, el colectivo recordó que en diciembre de 2012 un juez federal señaló que el fuero militar no es competente para decidir el caso de Bonfilio Rubio, pero la Secretaría de la Defensa Nacional impugnó tal decisión, argumentando que no está obligada a seguir las recientes decisiones de la SCJN en ese sentido, ni las de la CIDH.

En mayo de 2012, el máximo tribunal del país ordenó suspender todos los casos donde se discutía la aplicación del fuero militar, hasta que dicte sentencia en los casos radicados ante la misma Corte.

Esto representa una oportunidad histórica para que México ponga fin a la impunidad por violaciones a los derechos humanos. La decisión de la Suprema Corte puede enviar un mensaje claro y directo a la sociedad de que los abusos por parte de la policía y las fuerzas armadas ya no serán tolerados, señaló el director del Centro Kennedy, Santiago A. Canton.