Uno de los 30 casos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá analizar a partir del próximo lunes, en donde está en entredicho la extensión del fuero militar, es el de Gustavo Acosta Luján, quien hace un año fue víctima de ejecución extrajudicial, cuando un grupo de marinos lo asesinó en casa de sus padres, en la ciudad de Monterrey.

Como se informó en estas páginas (La Jornada, 3/septiembre/2011), un grupo de efectivos de la Secretaría de Marina irrumpió la madrugada del primero de septiembre en la casa de la familia Acosta, en la colonia Jardines de San Andrés, municipio de Apodaca, ordenando que les abrieran la puerta, con el argumento de que su unidad había sido atacada desde ahí.

En cuanto Gustavo Reyes abrió la puerta, recibió un disparo en la frente que le produjo la muerte. Nomás movió el picaporte, ellos abrieron la puerta a patadas y le dispararon a mi hijo en la cabeza y en el hombro, contó Gustavo Acosta Reyes, padre del joven asesinado, en entrevista con La Jornada.

Después de abrientrar fuego desde la entrada, los marinos detuvieron con lujo de violencia a los dos hermanos, los padres y la sobrina de la víctima –de apenas ocho años–, y con amenazas siguieron preguntando dónde estaban las armas con las que les habían disparado, hasta que se dieron cuenta de que habían cometido un error.

–Yo soy diabético y se me subió el azúcar hasta 400, y mi esposa se desmayó varias veces, porque sufre de crisis de ausencia. Después de dos horas, me dijeron que nos subiéramos en la camioneta para atendernos, pero ya con otra actitud.

–¿Ellos sabían que se habían equivocado?

–Sí, pero nunca lo dijeron. Cuando estaban registrando la casa, uno de ellos le dijo a su jefe: No tienen nada, la casa está limpia. Y su superior le dijo: Cállate, pendejo, no digas eso enfrente de ellos.

Elementos castrenses durante la demostración de fin de curso de adiestramiento en la base aeronaval San Luis Carpizo en Campeche el pasado 19 de julioFoto Yazmín Ortega Cortés

Unos días después, la Marina informó que había encontrado armas y drogas en la casa de la familia Acosta, y señaló a Gustavo Acosta Luján –quien trabajaba como gerente de una discoteca en Nuevo Laredo– como un presunto delincuente, con el alias de M-3, subrayando que había salido positivo en la prueba de rodizonato de sodio, lo cual demostraría que accionó una arma de fuego.

Sin embargo, diversos peritos señalaron que el examen no es concluyente, porque el disparo en su contra fue a metro y medio de distancia, y la onda expansiva de la pólvora pudo haberse impregnado en el cuerpo de la víctima.

Presentamos una denuncia, pero después me avisaron que no iba a haber acción penal, porque los marinos alegaron defensa propia en el cumplimiento de su deber. Lo único que pedimos es justicia. A nosotros ya nos desgraciaron la vida, pero no vamos a claudicar. En México o en la (justicia) interamericana, pero esto no para aquí, subrayó.

María del Mar Álvarez, abogada del Centro de Apoyo a los Derechos Humanos, explicó por su parte que luego de recibir los primeros informes del caso, la Procuraduría General de la República declinó su competencia y pasó el expediente a la justicia militar, y aunque después se vio obligada a retomarlo, diversos funcionarios en Nuevo León han manifestado abiertamente su rechazo a hacerse cargo del asunto.

No es necesario tener conocimientos jurídicos para saber que la procuraduría militar no va a llegar a consignar a un miembro de las fuerzas armadas. Tendría que determinarse con claridad que quien tiene competencia para conocer de los delitos cometidos por soldados contra civiles es sólo la PGR, y de ahí la importancia de que la SCJN acote ya el fuero militar, subrayó.