Colima, Col., 2 de agosto. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) destituyó a los jueces Ramón Cervantes Amezcua, titular del juzgado segundo penal de Tecomán, y Virginia Salas Rebolledo, del segundo penal de Manzanillo, acusados de apropiación ilegal y disposición indebida de dinero en efectivo, vehículos, cédulas y billetes de depósito, entre otros valores.

En sesión ordinaria, los magistrados del STJE consideraron iniciar un proceso administrativo y una denuncia penal contra Cervántes Amezcua y Salas Rebolledo.

A Ramón Cervantes Amezcua se le acusa de apropiarse ilegalmente de fianzas durante cinco años en el juzgado segundo penal de Tecomán.

Cuando surgieron las primeras acusaciones en su contra, Cervantes responsabilizó a Edson Antonio Martínez Bonilla, secretario de acuerdos de dicho juzgado, quien se vio obligado a presentar su renuncia el pasado 13 de abril.

Sin embargo, Martínez Bonilla elaboró un escrito que presentó al pleno del STJE, en el cual admitió ser cómplice de estas irregularidades, pero culpó a Cervantes Amezcua y a Salas Rebolledo, anterior titular del juzgado, de tener pleno conocimiento de las anomalías y de participar de ellas.

En junio el STJE determinó que se crearan varias comisiones investigadoras. Se comprobó que durante cinco años tanto Cervantes Amezcua como Salas Rebolledo se apoderaron de dinero en efectivo, vehículos, cédulas y billetes de depósito, entre otros valores, además de incurrir en irregularidades procesales en varios expedientes.

Antes de ser juez segundo de lo penal, Ramón Cervantes Amezcua fue magistrado del STJE. Desde abril diversas autoridades lo habían señalado por irregularidades. El presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados en el estado, Mario de la Madrid Andrade, aseguró que había jueces que incurrían en actos de corrupción.

Recientemente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Chapula de la Mora, exigió una limpia en el STJE ante el mal desempeño de los impartidores de justicia.

En abril, la magistrada Rocío López Llerenas denunció irregularidades como desvío de recursos y la designación discrecional de funcionarios judiciales, después de que el Congreso local reformó la Ley Orgánica del STJE para reducir de 8 a 5 (de un total de 10) el número de magistrados que conforman la mayoría calificada.

Ésta es la segunda destitución de funcionarios del STJE. En septiembre de 2011 un juez y un secretario de acuerdos fueron suspendidos por delitos contra la administración de justicia y se determinó ejercer acción penal en su contra.

De acuerdo con la Constitución de Colima, una vez que el STJE considere que debe consignarse a los servidores públicos, éstos deben ser separados de su cargo para proteger el servicio público. Así, los acusados enfrentarían el proceso administrativo y penal como personas físicas.