a definición del concepto legitimidad es mucho más compleja cuando se busca evitar imprecisiones que solamente agregarían confusión a las partes en conflicto, cuando se trata de resolver una confontación de un Estado, cuya legitimidad se cuestionará, bien sea en el curso o al término de un proceso electoral. Pero es mucho más difícil hacerlo cuando, como sucede actualmente en nuestro país, el triunfador declarado como tal en estas elecciones presidenciales que acaban de concluir pertenece a un partido diferente y antitético desde su origen mismo, pues, como es ineludible concluir en cualquier análisis por superficial que sea, el Partido Acción Nacional nace como grupo de presión para bloquear las acciones del gobierno de Lázaro Cárdenas –incluida, por supuesto, la expropiación de los bienes de las compañias petroleras y la nacionalización del subsuelo mediante la modificación del párrafo sexto del artículo 127 de la Constitución de Querétaro–, para no mencionar con más detalles otros aspectos del gobierno del divisionario mexicano, como serían los repartos de tierra en La Laguna, en Coahuila y Durango, así como la zona henequera de Yucatán, entre otras varias, incluidas las haciendas de Lombardía y Nueva Italia en el propio estado de Michoacán.

Habría que entrar también al análisis histórico de las huelgas de las organizaciones obreras que tanto molestaron al general Plutarco Elías Calles, lo que motivó las famosas declaraciones que, con el nombre del licenciado Ezequiel Padilla, publicadas en el periódico El Nacional y Excélsior, llevaron finalmente a la ruptura Calles-Cárdenas, que en términos relativos se ha estudiado poco, salvo en un librito que anda por allí, escrito por un descendiente de Calles, que para leerse una tarde de domingo está bien, pero que nada tiene que ver con la realidad de este importante episodio histórico que dio fin al maximato de seis años, divididos en tres de dos cada uno, que, desde Emilio Portes Gil hasta el general Abelardo Rodríguez, se caracterizaba por el dicho popular aquel de aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente.

No es el tema de este artículo, ni tampoco quisiera el autor desviar la atención del generoso lector sobre el tema de tanta actualidad e importancia que verdaderamente nos preocupa, y que se relaciona con el periodo que estamos viviendo, posterior al proceso electoral al que nos referimos, y que puede llevarnos a una situación muy delicada en todo el país, si no la evaluamos responsablemente.

El Diccionario de la Real Academia Española define la legitimidad como: conforme a las leyes, cierto, genuino, y verdadero en cualquiera línea. Pero queriendo encontrar una definición más cercana al uso del término, que para este caso nos interesa, recurrimos al Diccionario de política, de Norberto Bobbio, y aquí hallamos los siguientes significados: en primer lugar, los autores consideran dos casos: uno genérico y el otro específico.

El primero se identifica casi completamente con los significados que acabamos de enlistar, y el segundo, el específico, como referente del concepto de Estado, con mayor frecuencia. En una primera aproximación se dice que es el atributo del Estado, que consiste en la existencia, en una parte relevante de la sociedad, de un grado de consenso tal, que asegure la obediencia de los ciudadanos a sus mandatos, sin que sea necesario hacer uso de la fuerza por más que ésta esté reservada precisamente para este objeto, y singularmente para el estado, siempre que se trate del cumplimiento de las leyes.

Ahora bien, el problema en nuestro caso de estudio es que el Estado actual, así como los gobiernos de diverso orden que lo integran, fue originalmente, y no hace mucho tiempo, de oposición, y al final ya muy próximo del segundo sexenio pierde aplastantemente las elecciones y queda con su candidata a la Presidencia en el tercer lugar, lejos del segundo, y, como consecuencia del ejercicio del poder, legítimamente no puede eludir su obligación de lograr la obediencia de los grupos que en realidad son de oposición a este gobierno, y al que lo va a suceder, el del PRI, que, según lo han declarado ya las autoridades electorales correspondientes, fue el triunfador del proceso electoral recién terminado.

La ciudadanía ya expresó contundentemente su opinión acerca de los dos sexenios que gobernó el PAN, y este gobierno, aunque ya está por terminar su encargo constitucional, tiene que cumplir y hacer cumplir con las instituciones y con las autoridades electorales en el sentido que ya se han pronunciado en el uso de las facultades que la ley les confiere, con la legitimidad y la legalidad, en el significado específico, en su referente al Estado, y consecuentemente a la soberanía popular, y a la seguridad nacional el proceso electoral ya terminó, así como las instancias señaladas por la propia ley para impugnarlo, se han ejercido ya.

El gobierno en funciones tiene la palabra. El presidente Ernesto Zedillo en su momento entregó la banda presidencial en la sesión de Congreso general al presidente electo Vicente Fox.

Los mexicanos confiamos en que, en cumpliiento de lo expresado ya en las urnas, y en actitud de respeto a la soberanía popular, atendiendo a su obligación de salvaguardar la seguridad nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa entregue igualmente la banda presidencial al licenciado Enrique Peña Nieto según lo establece actualmente la Constitución General de la República.