La realidad de la delincuencia organizada en el noreste de México tiene un fuerte impacto para las y los defensores de derechos humanos, en particular sobre aquellos que defienden a los migrantes y a familiares de personas desaparecidas, se advirtió en un estudio del organismo Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigades International, PBI), con sede en Suecia.

En el estudio, que se presentó ayer en Saltillo se acotó que las agresiones y hostigamiento se deben a que las labores de activistas se cruzan con intereses del crimen organizado y hay casos donde los ataques no provienen de los delincuentes, sino de los encargados de proteger a los ciudadanos.

El contexto de hostigamientos para frenar la labor de promoción de derechos fundamentales ha puesto a las y los defensores en Coahuila en una situación de continua inseguridad, indicaron las PBI, que hace unas semanas se entrevistaron con defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones civiles bajo asedio en la entidad.

El análisis cita el caso del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, ubicado en Torreón, Coahuila, que el 9 de febrero fue violentado por fuerzas de seguridad que interrogaron a dos de sus integrantes. Brigadas Internacionales de Paz ubica a Coahuila como una de las zonas más violentas de México, y señala que junto con Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz, la entidad concentró el año pasado 70 por ciento de las muertes violentas en el país.

PBI pudo conocer de primera mano algunas problemáticas en materia de derechos humanos en Coahuila, y los obstáculos de las y los defensores del estado. Como resultado de las entrevistas y la información recabada, destacan preocupaciones comunes en la sociedad civil coahuilense.