a respuesta colectiva que se dio hace tres décadas ante el VIH se puede resumir en una palabra: vergonzosa. En el peor de los casos, las personas que vivían con VIH eran, sin mayor explicación, atadas a sus camas, detenidas, carecían de acceso a servicios médicos, eran criminalizadas y deportadas. En el mejor de los casos, perdían su trabajo, las corrían de las escuelas y se les negaba el acceso a servicios básicos. Habíamos respondido a un virus humillando, estigmatizando y castigando a aquellos que se habían infectado. Nuestra respuesta a la emergencia del virus fue tan dolorosa y, en algunas ocasiones, incluso más mortal que el virus mismo.

Afortunadamente se han dado grandes pasos desde que empezó la lucha contra el VIH. En los últimos años se han generado grandes avances científicos y el número de nuevas infecciones de VIH ha disminuido, particularmente entre los niños; menos personas han muerto de causas relacionadas con el VIH; casi la mitad de las personas elegibles para recibir el tratamiento antirretroviral, incluyendo las de países con bajos y medianos ingresos, lo están recibiendo; el tratamiento se ha convertido en el nuevo motor de la prevención. El VIH ya no es una sentencia de muerte segura como alguna vez lo fue.

Sin embargo, el estigma y la discriminación que las personas con VIH enfrentan siguen siendo considerables en todas las regiones del mundo. Incluso hoy en día, continuamos aproximándonos de maneras punitivas al VIH, como la criminalización de la transmisión, las reservas absolutas ante el tema y la exposición. Siguen siendo muy comunes en las fronteras las restricciones de entrada y la deportación de las personas que viven con VIH, particularmente en los países más desarrollados. Las comunidades más vulnerables, las que tienen menos goce de los derechos humanos fundamentales, siguen siendo desproporcionalmente más vulnerables a las infecciones del VIH, y esto no es una coincidencia.

El rostro del VIH es el de nuestro fracaso al momento de proteger los derechos humanos. Uno de los motores claves del sida siempre ha sido, y continúa siendo, la imposibilidad de asegurar la protección de los derechos humanos de las comunidades marginadas, incluyendo personas en situación de cárcel, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, personas con discapacidades y migrantes, refugiados y los que buscan asilo. La homofobia, la discriminación de género, el perfil racial y la violencia basada en género siguen impidiendo que los esfuerzos emprendidos para detener el contagio de VIH sean efectivos.

Este año, el tema de la Conferencia Internacional sobre Sida, que tendrá lugar en Washington DC en julio, es Juntos cambiando el rumbo. Es tiempo de cambiar el rumbo. Es preciso poner fin a la violación de derechos humanos que ha caracterizado la propagación del VIH.

Es tiempo de construir a partir de las enseñanzas de los últimos años para crear una respuesta mundial sustentable ante la epidemia que todavía nos reta; en este sentido, es esencial adoptar una perspectiva basada en los derechos humanos.

El punto de partida es el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en el goce de sus derechos. Los sectores vulnerables de la población que se encuentran en mayor riesgo, no solamente deben incluirse en las respuestas nacionales contra el VIH, sino que además deben tener la oportunidad de participar en la elaboración de las políticas que puedan afectarles.

Los lineamientos de derechos humanos deben acompañar las consideraciones de salud pública para asegurar que nuestras leyes, políticas y programas no incrementen la vulnerabilidad ante el VIH o tengan como resultado mayores violaciones de derechos humanos. La leyes y políticas generales que en muchos países penalizan la transmisión involuntaria del VIH, la exposición y la reserva absoluta ante el tema, cercan a grupos específicos a quienes se les obliga a hacerse pruebas de VIH y cuyo desplazamiento está restringido, basándose solamente en su calidad de VIH positivos. Estas situaciones son sólo dos ejemplos de dichas políticas alarmistas y equivocadas.

Se han dado algunos avances en la dirección correcta, uno de los cuales –la anulación de restricciones al viajar– ha permitido que Estados Unidos sea la sede de esta importante conferencia sobre el sida, después de 22 años. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Incluso en estados en los que existen leyes para proteger y promover los derechos humanos de las personas con VIH, el alcance del cumplimiento y aplicación de estas leyes continúa siendo poco claro.

Ciertamente es necesario aún canalizar una gran cantidad de recursos para garantizar el acceso a un tratamiento antirretroviral que pueda salvar la vida, pero también es necesario tener acceso garantizado a programas de derechos humanos que incluyan sensibilización y capacitación de quienes trabajan en los servicios de salud y en aquellos responsables de aplicar la ley, que garanticen el derecho al acceso a la justicia de los individuos VIH positivos, que luchen contra el estigma y fortalezcan la enseñanza de prácticas sexuales seguras en los y las jóvenes.

Financiar la lucha contra el sida de manera integral no es sólo una necesidad, es también una obligación legal en términos de derechos humanos. La crisis económica actual no puede ser una excusa para disminuir nuestra inversión en la lucha contra el sida, pues ello resultaría en un retroceso respecto de los logros alcanzados hasta el momento.

No es tiempo para la autocomplacencia. Onusida tiene como meta: cero infecciones nuevas, cero muertes relacionadas con el sida y cero discriminación. En esta conferencia sobre el sida, punto de reunión de funcionarios gubernamentales de alto nivel, sociedad civil, comunidad internacional y, de manera sumamente importante, de personas que viven con VIH, es esencial destacar que para lograr estos objetivos de manera contundente, la perspectiva de derechos humanos debe, definitivamente, informar y motivar nuestra respuesta.

* Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la Conferencia Internacional del Sida 2012