n respuesta al anuncio de que el gobierno federal planea instalar una mesa de diálogo para discutir la Ley General de Víctimas –aprobada por las cámaras de diputados y senadores en abril pasado, y vetada hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón–, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dijeron ayer que, en caso de que la autoridad federal no cumpla con su obligación de promulgar dicha normativa, sus integrantes estarían incurriendo en desacato.

En días recientes, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ha defendido la decisión de Calderón de vetar la ley de referencia –que estipula, entre otras cosas, el derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia jurídica, médica y económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abuso de las autoridades–, con el argumento de que carece de sustento constitucional, pese a que la Carta Magna estipula claramente en su artículo primero la obligación de todas las autoridades del país de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a las garantías individuales. Con tal postura, el gobierno federal ha alimentado la percepción de que lo que en realidad busca es obstaculizar, mediante tecnicismos jurídicos, el cumplimiento de una normativa fundamental, que corrige una grave laguna en el marco legal mexicano y obedece a un amplio reclamo popular.

Es de saludar, pues, la respuesta de los representantes del Legislativo a una postura que refleja la falta de respeto del Ejecutivo a los procesos soberanos y a la división de poderes, así como su indolencia frente a los reclamos de las organizaciones sociales que en meses previos se movilizaron por la pacificación del país y por la justicia para las víctimas y sus deudos; que formularon severas críticas a la estrategia de seguridad en curso y que presionaron por la aprobación de la ley hoy vetada por Calderón. Si ya resultaba inadmisible la negativa presidencial a ensayar una variación real en su impugnada estrategia de combate a la delincuencia organizada, como se lo exigieron organizaciones de la sociedad civil durante los encuentros en el Alcázar de Chapultepec, ahora, con su renuencia a promulgar la Ley General de Víctimas, el jefe del Ejecutivo federal desmiente su supuesto compromiso con quienes han sufrido los embates de la violencia derivada de la estrategia de seguridad en curso, y exhibe los encuentros citados como ejercicios de simulación.

La misma tendencia del grupo en el poder a gobernar desde una dimensión meramente formal y hasta ficticia puede observarse, por lo demás, en la convocatoria a integrar de manera permanente a cinco representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el supuesto fin de que tengan una participación directa en la agenda de ese órgano colegiado y puedan dar un seguimiento más efectivo a las actividades del Ejectivo en materia de seguridad, según informó ayer el propio Alejandro Poiré. Si bien esa incorporación habría tenido sentido en algún momento, hoy por hoy, cuando la actual administración está por concluir, cuando sus funcionarios han desoído una y otra vez los reclamos de la sociedad civil en materia de seguridad pública y cuando el citado consejo ha quedado reducido a la condición de mera sigla burocrática, el ofrecimiento realizado por el titular de Gobernación luce tardío e insuficiente.

Ambas posturas revelan, en suma, el talante de un gobierno que concluirá sin haber manifestado un mínimo de voluntad por resarcir el daño provocado a la población por una política de seguridad fallida y contraproducente, que desoyó en todo momento los reclamos de la sociedad ante los desastrosos resultados de la misma y que se mostró siempre empecinado en continuarla, aun a costa del sacrificio humano, de la pérdida de la paz pública, del deterioro institucional y de la debacle nacional.