n el contexto de la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se desarrolló en Querétaro y que estuvo integrada predominantemente por gobernantes estatales priístas, el mandatario anfitrión, José Calzada Rovirosa –quien hasta ayer desempeñó la presidencia pro témpore del organismo–, llamó a los actores políticos a no violentar la vida en armonía del país y a mantener el cauce institucional para ejercer sus inconformidades.

Es inevitable vincular tales declaraciones con la decisión del aspirante presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de impugnar la validez de la elección del primero de julio por las violaciones que presuntamente imperaron, durante el proceso, a principios constitucionales. Puesto en ese contexto, el pronunciamiento del gobernador de Querétaro es improcedente, en primer lugar porque insinúa que el rumbo de acción elegido por el tabasqueño equivale a violentar la vida en armonía del país, lo cual es falso: si algo ha hecho hasta ahora el candidato presidencial de las izquierdas ha sido conducir su inconformidad por los cauces legales y agotar las distintas fases que comprende el proceso electoral. No es gratuito que el propio aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, haya reconocido el derecho de López Obrador a impugnar los comicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo hizo en la entrevista concedida a La Jornada publicada en la edición de ayer.

Si la postura de la Conago resulta inadmisible en el fondo, lo es también en la forma, pues presenta a esa organización –que debiera fungir como punto de coordinación administrativa entre los gobiernos estatales y como instancia de defensa del pacto federal– como uncida a la causa de Peña Nieto y como defensora de sus aspiraciones a encabezar la titularidad del Ejecutivo federal. Tal actitud evoca inevitablemente los tiempos de supeditación de los gobernadores al poder central –uno de los rasgos característicos del presidencialismo en el México autoritario– y pone en entredicho la pretendida transformación democrática del tricolor durante el periodo que ha permanecido en la oposición a escala federal: si la subordinación a la figura de Peña Nieto es clara desde este momento, cuando el proceso electoral dista de haber terminado, cabe inferir que será mucho más marcada en caso de que el mexiquense logre arribar a la Presidencia de la República.

Por lo demás, el discurso de la Conago resulta particularmente agraviante si se toma en cuenta que, de acuerdo con los indicios disponibles y con la información presentada por el Movimiento Progresista en su recurso de impugnación de la elección presidencial, varios de los integrantes priístas de dicha conferencia se desempeñaron como factor de distorsión de la voluntad popular en el proceso electoral todavía en curso, y fueron ellos, en todo caso, quienes violentaron la institucionalidad democrática del país.

Con estas consideraciones, y al margen de la valoración jurídica de las presuntas irregularidades en que habrían incurrido los gobernantes estatales en la reciente elección federal, resulta difícil determinar si los señalamientos de Calzada Rovirosa son consecuencia de un desconocimiento inadmisible de las fases que integran los procesos electorales en el país y de las normativas vigentes en la materia, o si son expresiones de una mala conciencia de los mandatarios estatales priístas frente a su presumible intervención ilegal en los recientes comicios.