Al formalizar su recurso en contra de los comicios presidenciales, el Movimiento Progresista planteó que al haberse efectuado una elección que incumple el postulado constitucional de la renovación de los cargos de elección popular mediante elecciones libres y auténticas se solicita la nulidad total de la elección que se impugna, así como la declaración de no validez, y cancelar el registro del candidato de Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.

La impugnación central va dirigida contra la suma de los resultados que están consignados en dichas actas por partido y candidato. De igual forma, se cuestionan las omisiones en que incurrió la autoridad electoral administrativa encargada de organizar las elecciones federales para impedir la recurrente y sistemática violación a las condiciones de equidad de la contienda y los principios rectores de la autoridad electoral por parte de diversos servidores públicos, partidos políticos y particulares identificados.

Se subraya que el gasto real de la campaña de Peña Nieto ascendió a mil 807 millones 331 mil 16 pesos, lo que supone un rebase sustancial del máximo permitido por la ley. Ante lo que considera inacción de la autoridad, pide al tribunal electoral atraiga las quejas relacionadas con el financiamiento de la campaña priísta.

Acusa a la Unidad de Fiscalización del IFE de no haber resuelto 12 quejas presentadas por presunto rebase de topes de campaña, por lo que debe ser el tribunal el que defina los gastos de Peña Nieto y corrobore por sí mismo este presunto ilícito, así como de las aportaciones prohibidas de empresas. La atracción incluiría el caso Monex y las 9 mil 924 tarjetas que una persona moral de carácter mercantil contrató en favor del PRI, cuyo monto total fondeado asciende a 70.8 millones de pesos.

En el extenso documento de más de 400 páginas, la coalición de izquierda detalla y documenta siete agravios centrales en el proceso electoral: adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión; inequidad de la elección por el rebase de topes de campaña presidencial por la cantidad de mil 892 millones 987 mil 873 pesos, por lo que el rebase de tope de campaña sería de poco más de mil 500 millones, en razón de que el tope autorizado por el IFE fue de 336 millones; financiamiento encubierto en la campaña de Peña Nieto –Frontera Televisión Networks, Soriana–, y las encuestas como medio de propaganda y presión de electores.

También se inconforma con la compra y coacción del voto que violenta principios constitucionales de la elección, denuncia la intervención ilegal de funcionarios ajenos al proceso electoral, con énfasis en los gobernadores de extracción priísta y cuestiona las omisiones de la autoridad electoral para detener los delitos electorales en los que –asegura– se incurrió en la campaña presidencial de Peña Nieto.

El Movimiento Progresista parte de la premisa de violaciones sistemáticas a la Carta Magna, además de haber transgredido los principales rubros de la reforma electoral, entre ellos las restricciones en radio y televisión.

El documento hace un extenso desglose de las violaciones al modelo de comunicación política, en que responsabiliza esencialmente a Televisa como empresa principal que apuntaló la candidatura del mexiquense.

En lo que hace a inconsistencias en el recuento, subraya que en el promedio de diferencial de errores fue de 9.22 votos, pero con  variaciones de hasta 13.8 promedio en Guerrero o 4.5 en Colima. Resalta que hay entidades donde el porcentaje de actas con errores fue de 31 por ciento, pero en otras hasta 73 y 14 estados presentan más de 50 por ciento.

En cuanto a la compra del voto, el documento subraya que el caso Soriana esconde el más oscuro contubernio entre gobiernos estatales y una empresa, con el claro fin de coaccionar y comprar el voto.

En el capítulo de financiamiento, el documento asocia los 56 millones de dólares –más de 800 millones de pesos– con Soriana y el Banco Monex.

Agrega que se registró violencia física y presión a los electores, pues antes, durante y después de la jornada electoral existen evidencias y pruebas fehacientes de que la coalición Compromiso por México, así como cuerpos de policía y diversas autoridades, llevaron a cabo de forma generalizada actos de violencia. Se denuncia también el robo de material y documentación electoral, entre ellos boletas y urnas.

En su valoración general, el movimiento de izquierda cuestiona que hubo violaciones sistemáticas a los principios contenidos en los artículos 14, 16 y 41 constitucionales sobre la elección, así como los artículos 38, 119, 342, 344, 354, 377 y 378 del Código Electoral. En su demanda solicita que el TEPJF valore estas violaciones a la luz de las reformas en materia de derechos humanos.