El Movimiento Progresista demandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Federal Electoral (IFE) que no sean omisos en su responsabilidad, que invaliden la elección presidencial y cumplan con los principios del artículo 41 de la Constitución relativos a certeza, legalidad, independencia, equidad e imparcialidad en los comicios. 

Ricardo Monreal y Jaime Cárdenas, integrantes del equipo legal de Andrés Manuel López Obrador, consideraron que el ciudadano ya despertó y lucha por una verdadera democracia. Tal fenómeno se enmarca en el juicio de inconformidad, al convertirse en un juicio ciudadano donde se presentarán cientos de pruebas que demuestren los agravios. Asimismo, llamaron al pueblo de México a sumarse firmando la solicitud de invalidez a través de páginas de Internet o en actas físicas.

Hoy, dijo Monreal, por primera vez en una elección presidencial será aplicada la reforma constitucional aprobada en 2008, para castigar el probable gasto de 4 mil 599 millones de pesos que habría erogado el PRI. De comprobarse ese gasto, ello sería suficiente para invalidar los comicios y convocar a su reposición por haberse violado el principio de elecciones libres y auténticas.

La legislación tiene por propósito no permitir financiamiento privado preponderante en las campañas, ni triangulación financiera, lavado de dinero o uso de recursos ilícitos para financiamiento, así como no aceptar la compra del voto, que poderes fácticos o medios de comunicación determinen al ganador y  se conviertan en grandes electores; tampoco permitir la manipulación o intromisión ilegal de funcionarios públicos en el proceso, ni gastos disfrazados o encubiertos.

El dinero que se habría destinado a respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto, insistió Monreal Ávila, se obtuvo de los presupuestos de los gobiernos estatales, del lavado de dinero, de estructuras paralelas de financiamiento o de endeudamiento de las administraciones estatales.

Jaime Cárdenas Gracia refirió que es el deseo y la exigencia del Movimiento Progresista que el tribunal electoral limpie la elección y repare la violación de los principios constitucionales. Ese organismo tiene la obligación suprema de garantizar que no se viole la Constitución; debe invalidar la elección y reparar el daño.

Los agravios son: inequidad en el trato de los medios debido a la adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión; rebase del tope de gastos de campaña; financiamiento encubierto; encuestas usadas como instrumento de propaganda e inducción del voto, así como actos de presión y coacción al sufragio antes y durante la jornada electoral; intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso, además de negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad legal.

“Dentro de las pruebas tenemos un contrato de José de Aquino, que se suscribió por 56 millones se dólares contratados ilegalmente para mejorar la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos. Por lo que hace a la manipulación de encuestas como instrumento de propaganda, demostraremos científicamente de qué manera influyeron en este resultado y lastimaron nuestra coalición: Gea Isa-Milenio, a través de 13 canales de televisión por cable y 37 de radio; Consulta Mitofsky, en canales de televisión abierta; Telefórmula, repetidoras estatales, y también casi todos los medios se comunicación; Parametría, cadena de Organización Editorial Mexicana (OEM), en 70 diarios, 24 cadenas de radio, un canal de televisión y 43 sitios de Internet.

“Ulises Beltrán, en Excélsior; barra de noticiarios de Grupo Multimedios con alcance nacional; Buendía y Laredo, en el periódico El Universal, diario de alcance nacional y digital.

“Solamente el costo total de estas encuestas, estamos demostrando, fue superior al tope de gasto de campaña de Peña Nieto. Desde la precampaña hasta la veda electoral, muchas de estas encuestas se convirtieron en un arma de propaganda para descalificar a López Obrador y fortalecer y beneficiar a Peña Nieto.

Los resultados de estas encuestas pretendieron generar la percepción de que las elecciones ya estaban decididas, pero lo más grave (fue) una actitud omisa y evasiva por parte de las autoridades electorales, en especial en el tema de fiscalización; el 8 de febrero, López Obrador solicitó al IFE una serie de medidas preventivas contra el fraude y la ilegalidad y el instituto tardó 105 días para dar respuesta, negando todo e incluso falseando información, dijo.