La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó haber violado una suspensión otorgada por vía de amparo al general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare para que se desahogaran diversas pruebas en su defensa, antes de que concluya el periodo de averiguación previa, pues los fiscales aseguraron que ya se ha dado debido cumplimiento al derecho de defensa del militar, revelaron fuentes ministeriales.

Los abogados del divisionario solicitaron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) que, antes de que ejercitar acción penal contra el general, los fiscales confirmen la veracidad de los dichos de los testigos protegidos que hicieron imputaciones contra Ángeles Dauahare.

Además, los defensores pidieron a la PGR ponderar el hecho de que el militar estuvo en Alemania durante el mes en que uno de los testigos aseguró que se reunió en México con narcotraficantes (julio de 2008).

El próximo 3 de agosto vence el periodo de 80 días de arraigo del general.

Antes de ese día los fiscales del caso deberán resolver la situación jurídica, y lo más probable es que el Ministerio Público Federal solicite a un juez de procesos penales federales librar la orden de captura contra el militar.

Desde inicios de esta semana, Josefina Mora Dorantes, juez decimosegundo de distrito en amparo del Distrito Federal, abrió un incidente de violación a una suspensión, para verificar si la Siedo acató el mandato.

La juzgadora concedió previamente una suspensión definitiva, con el propósito de que la Siedo se pronuncie sobre la solicitud de Ángeles, quien pidió por escrito comprobar las imputaciones en su contra; sin embargo, “la subprocuraduría no respondió la instrucción.

Tramítese el incidente de violación a la suspensión, cuya finalidad es determinar si existió violación a la suspensión definitiva por las autoridades responsables y dejar definida y, en su caso, fincada la responsabilidad de la o las autoridades que hayan incurrido en esa violación, dice el resolutivo.

Este litigio, que podría concluir que la Siedo incurrió en desacato a una orden judicial, tiene origen en un amparo que promovió Ángeles para solicitar, entre otras cosas, que el Ministerio Público tramite diversas pruebas que ofreció en su descargo, para demostrar la autenticidad de las acusaciones de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal, El Grande, quienes señalan al general de colaborar con los Beltrán Leyva.