El Estado mexicano está en deuda con los derechos de las mujeres, concluyeron organizaciones civiles, cuyo balance de la administración del presidente Felipe Calderón es negativo.

Al presentar, en conferencia de prensa, los informes sombra que llevarán ante el comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) el próximo 17 de julio, fecha en que el gobierno mexicano será examinado sobre el cumplimiento que ha dado a las recomendaciones de dicho organización internacional, Teresa Ulloa, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, señaló que el periodo calderonista ha sido un desastre para los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia.

La próxima semana acudirá a Nueva York un grupo de activistas para presentar los 18 contrainformes realizados por al menos 50 organizaciones civiles.

En lo referente a crisis de seguridad y violencia de género, los análisis concluyen que la estrategia de combate al crimen organizado ha causado altos niveles de violencia contra las mujeres en varias regiones del país, agudizando los niveles de impunidad, agresión institucional y discriminación contra las mujeres.

Prueba de ello es que el feminicidio ha aumentando 68 por ciento entre 2007 y 2009 y se han registrado 3 mil 149 desapariciones de mujeres y niñas en nueve estados del país, entre enero de 2010 y junio de 2011.

En el tema de la trata de personas y explotación sexual, Ulloa refirió que el crimen organizado ha encontrado en la venta y renta del cuerpo de niñas y mujeres una manera de diversificar sus ganancias y el Estado mexicano no representa una garantía de seguridad para ellas, antes bien representa un peligro por la presencia de las fuerzas armadas ya que se ha documentado que se incrementa la prostitución y violación de mujeres y niñas.

Alertó que han aparecido nuevos fines para la trata que ni siquiera están contemplados en los tratados internacionales como que los grupos de crimen organizado; “levantan a las mujeres para usarlas como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de jefes de plaza y cuando se cansan las matan y las desfiguran para hacer más difícil su identificación”.

También destacaron la crítica situación de defensoras y periodistas, ya que 13 comunicadoras han sido asesinadas, de 2005 a 2012; en tanto que 11 defensoras de derechos humanos han muerto entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, sin que a la fecha ninguno de esos crímenes se haya resuelto.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, sobresale que las reformas constitucionales en 16 estados para proteger la vida desde la concepción generan un clima de persecución en contra de quienes deciden interrumpir un embarazo.

Respecto del seguimiento a recomendaciones, el informe realizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos indica que a pesar de que existen 279 recomendaciones internacionales al Estado la materia, hasta el momento éste no ha generado mecanismos de seguimiento para cumplirlas.