El presidente Felipe Calderón no hizo una buena declaración al referir la existencia de compra de voluntades en los comicios del 1º de julio, declaró el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, e instó al mandatario a mantenerse en una línea de institucionalidad y dejar que sean los órganos creados por la legislación los que evalúen las irregularidades presentadas en el proceso electoral.

Tras asistir a la presentación de los primeros colaboradores de Enrique Peña Nieto para elaborar algunos temas legislativos propuestos en campaña, Joaquín Coldwell señaló: Él (Calderón) tiene un deber que cumplir, que consiste en garantizar la continuidad institucional del país y acatar los resultados avalados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no debe desviarse de esa tarea.

Descartó la posibilidad de realizar un periodo extraordinario legislativo para la aprobación de los proyectos del candidato de su partido, declarado ganador de los comicios presidenciales.

A partir de que integremos nuestras bancadas y elijamos a nuestros coordinadores parlamentarios deberá construirse una agenda legislativa que empiece a desahogarse en septiembre, indicó.

Acerca de la supuesta compra de votos, insistió en lo sospechosamente montado del asunto de las tiendas Soriana. Pero al fin y al cabo los partidos hemos presentado nuestras denuncias y serán las instancias correspondientes las que las desahoguen. Serán la unidad de fiscalización del IFE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales las encargadas de investigar, y se aplicará la ley a quien la haya infringido.

Esta elección, puntualizó el dirigente priísta, tiene reglas mucho más equitativas que las de 2006.

Cuando se le inquirió si el PAN echó marcha atrás de su posición original, el dirigente priísta respondió: No puedo saber lo que está pasando allá.

Por la noche, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó las declaraciones de Joaquín Coldwell, más aún cuando todas las evidencias demuestran que el presidente Felipe Calderón y el gobierno federal son, han sido y serán absolutamente respetuosos, como lo han hecho hasta ahora, de las autoridades electorales y de la ley en este proceso.