Ante las descalificaciones a su desempeño, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) reivindicaron su papel ante la compra y coacción del voto, así como en materia de fiscalización. Subrayaron que, en el primer caso, el organismo “carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales fijados en el Código Penal, que son competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En un mensaje, el consejero presidente, Leonardo Valdés, destacó que el IFE investiga ya las 63 quejas que se han interpuesto relacionadas con la fiscalización de los recursos partidistas, 23 de las cuales, según dijo, ya han sido resueltas. En paralelo, recordó que el instituto da seguimiento a los movimientos financieros de 7 mil 805 cuentas de personas consideradas políticamente expuestas.

Sin embargo, destacó que para desahogar las investigaciones de la unidad de fiscalización sus procedimientos deben cursar varias etapas de investigación, de presentación de evidencias, requerimientos, defensa, audiencia y confronta, que se encuentran establecidas en la ley para garantizar el pleno derecho de las partes involucradas.

En su caso, destacó Valdés Zurita, durante el proceso de calificación de la elección presidencial el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene atribución para requerir al IFE el estado de las investigaciones para calificar y resolver las controversias en comicios federales.

El documento –de cinco cuartillas– describe las acciones de la unidad de fiscalización, a manera de justificante frente a las críticas del Movimiento Progresista por supuesta pasividad. En ese contexto, se indica que se realizó un monitoreo que permitió ubicar 26 mil espectaculares en todo el país, lo que se va a confrontar con los informes de gastos de campaña de los partidos; además, se monitorearon medios de prensa escrita y se tiene registro de 3 mil 551 textos.

Durante el mensaje –en el que los consejeros no admitieron preguntas–, Valdés aludió al acuerdo de fiscalización anticipada que permitió la entrega de informes preliminares de los gastos de las campañas presidencial y favoreció las auditorías a las finanzas de los partidos antes de la presentación del informe final del gasto de campaña.

Mencionó que entre las 63 quejas interpuestas destacan dos relacionadas con el presunto rebase de topes de campaña de Enrique Peña Nieto, de Compromiso por México, y Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista. Asimismo, las quejas relacionadas con Banca Monex, relacionada con la cadena televisiva Frontera Television Network, así como el uso indebido de monedereos electrónicos de Monex y las tarjetas Soriana.

El consejero presidente indicó que la unidad de fiscalización del instituto requerirá información de cuentas bancarias, utilizando su facultad de allanarse el secreto bancario, fiscal y fiduciario. Indicó que estas facultades ya han sido aplicadas.