Bogotá, 10 de julio. Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y ex guerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de abril (M-19), enfrenta un proceso judicial que podría hacerle perder el cargo, debido a una condena en los años 80 por su militancia rebelde, confirmó un portavoz de su despacho.

Petro fue citado para el 24 de julio ante el Consejo de Estado, máxima instancia de justicia administrativa, con el propósito de que responda a una demanda iniciada por el concejal Orlando Parada, del partido de La U (derecha), de acuerdo con la cual no debería ejercer el cargo, debido a que fue condenado penalmente en 1985 por portación ilegal de armas.

Para claridad de la opinión pública, el Consejo de Estado no aceptó anoche la demanda contra mí, lo hizo hace varios meses, escribió Petro en su cuenta de Twitter al confirmar la cita y evocar que el juicio no es nuevo, sino comenzó en el momento en que asumió.

El alcalde asevera que pese a su encarcelamiento en 1985, los hechos por los que fue condenado son considerados delito político y quedan dentro de una amnistía general que recibió el M-19 al desmovilizarse en 1990.

Petro ya había sido demandado sin éxito por Parada. La primera vez para impedir su candidatura presidencial en las elecciones de 2010 y al año siguiente para vetar su postulación en lo comicios por la alcaldía de Bogotá.

Petro asumió la alcaldía el pasado primero de enero para un periodo de cuatro años. Lidera el movimiento Progresistas y en 1991 participó en la asamblea constituyente, que redactó la actual carta magna. Además, se ha desempeñado como parlamentario en varias ocasiones.

El M-19 fue una guerrilla nacionalista que se caracterizó por sus acciones espectaculares, como el robo de la espada del Libertador Simón Bolívar y la sangrienta toma del palacio de justicia en Bogotá. Tras un proceso de paz se presentó como movimiento político en las elecciones presidenciales de 1990, pero su candidato, Carlos Pizarro, fue asesinado en plena campaña.

Mientras tanto, el diario La Opinión reveló hoy detalles sobre un supuesto plan para asesinar a Petro y a la ex senadora Piedad Córdoba. Un testigo, involucrado y actualmente refugiado en Venezuela, decidió dar a conocer los detalles, tras percatarse de que él también sería ejecutado una vez cumplido su encargo.

Este hombre actuaría como elemento de distracción mientras otros serían los encargados de realizar los atentados. El encargado de contactarlos y organizar el plan fue Hernando Medina Camacho, sargento retirado del ejército, quien les ofreció unos 560 dólares por el trabajo.