Guadalajara, Jal., 10 de julio. La Contraloría de Jalisco halló responsabilidad administrativa de la titular del Consejo Estatal de Familia (CEF), Claudia Corona Marseille, por omisiones en la custodia y adopción de menores a cargo del estado. Estas faltas provocaron adopciones irregulares a extranjeros, entre otras anomalías ocurridas en el CEF, por las cuales la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió múltiples recomendaciones al consejo.

Además hubo protestas ciudadanas contra Claudia Corona, quien será destituida e inhabilitada un año para ejercer empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La sanción determinada por el contralor estatal, Francisco Xavier Venustiano Trueba Pérez, es la primera en su tipo contra un funcionario de alto nivel en la actual administración estatal panista, a cargo del gobernador Emilio González Márquez, que concluirá en menos de ocho meses.

La decisión fue notificada el pasado viernes a la CEDHJ en un documento que indicó que tras concluir el procedimiento 012/2012-A iniciado contra (Corona Marseille) con motivo de la recomendación 57/2011 de la CEDHJ se determinó la responsabilidad y sanción de la funcionaria, quien forma parte del círculo cercano a González Márquez.

En un comunicado, el titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo que esta recomendación fue la primera resolución dirigida al actual contralor el 28 de diciembre del año pasado, aceptada en enero y resuelta seis meses después. Recientemente se le han dirigido dos peticiones más, incluidas en las recomendaciones 18 (aceptada) y la 20/2012; de esta última aún corre el tiempo para responder sobre su aceptación, precisó Álvarez Cibrián.

El exhorto 57/2011 se emitió tras documentar el caso de una mujer –cuyo nombre se reservó la CEDHJ– que se inconformó contra el CEF, al ser detenida en 2009 acusada de intentar vender a sus hijos, y fue liberada por falta de pruebas.

Los niños fueron trasladados a un albergue y puestos a disposición del CEF por orden del Ministerio Público. Sin embargo, no fueron regresados con su madre cuando ésta quedó libre, sino que el 20 de agosto de 2009 quedaron a disposición de una tía de la quejosa, a quien también le quitaron la custodia poco después de un año, y los menores vivían en otro estado hasta a la fecha de la recomendación.

La agraviada manifestó que al quedar libre solicitó asesoría a la Procuraduría Social para recuperarlos, donde le pidieron informar el lugar donde se encontraban los niños, datos que el CEF le negó.

Dictámenes médicos elaborados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses revelaron que no había huellas de violencia física externas recientes en sus hijos, ni síndrome del niño maltratado, por lo que desde el principio de la averiguación ministerial fue evidente la ausencia de indicios que permitieran suponer actos de abuso o maltrato hacia los niños.