Organizaciones civiles que defienden las garantías de las mujeres enviaron una misiva al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, para exigir la resolución de los expedientes identificados en el acuerdo 06/2012, en virtud de que varios de ellos fueron iniciados por familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, quienes impugnaron la extensión del fuero militar en su agravio.

Mientras no se dicte sentencia en los asuntos que actualmente están en manos de la Corte, las víctimas se encuentran en situación de incertidumbre jurídica, subrayaron la Asociación por los Derechos de la Mujer en Desarrollo, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario con Equidad, Equis Justicia para las Mujeres y Asociadas por lo Justo.

En la carta remarcaron que si bien es indispensable que en la inminente discusión se cumplan las obligaciones que tiene el Estado mexicano, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, hemos constatado que la extensión del fuero militar a casos donde no se vulneran primordialmente bienes jurídicos castrenses afecta de manera diferenciada y particularmente grave a las mujeres.

Así ocurrió, consideraron, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas del pueblo me’phaa, quienes en 2002 fueron víctimas de violación sexual y tortura por parte de elementos castrenses, cuyas denuncias permanecieron casi 10 años en el fuero militar, circunstancia que las revictimizó y sirvió para encubrir a los responsables.

Por estos abusos la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, al encontrarlo responsable de violaciones a las garantías de las víctimas, por lo que está obligado a reparar el daño y legislar en materia de fuero militar.

La SCJN actualmente tiene conocimiento de estos dos casos, luego de que ambas defensoras de derechos humanos solicitaron al máximo tribunal la apertura de un expediente, del que fueron notificadas el 28 de noviembre de 2011 y que fue turnado para su estudio al ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia, el cual hasta la fecha se mantiene pendiente de discutir.

Manifestaron su confianza en los trabajos que el presidente de la Suprema Corte iniciará con respecto a dicho acuerdo y en que sabrá valorar la importancia de atender a la brevedad la solicitud de las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, a quienes por más de 10 años la justicia les ha sido negado.

Agregaron que la atención a los casos estabelcidos en el acuerdo 06/2012 son relevantes tanto para las víctimas como para la agenda que en materia de derechos humanos se encuentra pendiente en México.