Las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos ofenden e indignan y más todavía que la respuesta de las autoridades en los estados para investigar y sancionar a los responsables sean claramente insuficientes respecto a la magnitud del problema, afirmó el presidente Felipe Calderón.

Ambas actividades son indispensables para la sociedad y quienes las realizan no deben ser presas del miedo o de la violencia, ni se debe permitir que por esta razón comunicadores y activistas se vean obligados a optar por la autocensura o la pasividad, subrayó tras firmar el decreto de creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y la reforma constitucional por la cual autoridades federales conocerán de los delitos cometidos contra comunicadores.

Se trata, apuntó, de mexicanos valientes que a pesar de los obstáculos, riesgos y amenazas, a diario trabajan en la construcción de una sociedad fundada en principios democráticos y de respeto a los derechos fundamentales.

Lamentó que la delincuencia organizada haya trastocado esta labor y que prevalezca la impunidad en los casos de agresiones y asesinatos de comunicadores (82, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos). Aunque, dijo, se debe en gran medida a que las autoridades responsables carecen de las capacidades técnicas y humanas para esclarecer rápidamente, tales asuntos. Y también a que, quizá, no siempre se les da la atención urgente e importante a la que están obligadas las autoridades.

La ceremonia se efectuó en la residencia oficial de Los Pinos con la asistencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, los titulares de la PGR y las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación. De ésta última, Alejandro Poiré señaló que cualquier atentado contra la vida o la integridad de los defensores de derechos humanos o de los periodistas, es un acto de violencia contra la democracia y contra las libertades de todos los mexicanos.

La nueva ley fue aprobada por el Congreso de la Unión durante el pasado periodo de sesiones, que concluyó el 30 de abril, y desde hace semanas se reclamaba al Ejecutivo su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ayer, Calderón señaló que valora enormemente el trabajo de los activistas y los periodistas. De éstos dijo que realizan un arduo trabajo para tener una sociedad mejor informada y, en consecuencia, más democrática, donde el diálogo, el debate y la crítica son piezas fundamentales de la cultura política, de la vida pública e institucional.

Averiguaciones y medidas cautelares

Sobre la respuesta del gobierno federal a las agresiones y asesinatos de comunicadores, el Ejecutivo dijo que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado 228 averiguaciones y ha otorgado 108 medidas cautelares en favor de periodistas, familiares, víctimas del delito e instalaciones de medios de comunicación. Recordó el caso más reciente, el de Estefanía Cardoso y su hijo, quien reiteró, contará con el apoyo y la protección del gobierno federal. Pero es obvio que tenemos que ir mucho más allá.

Respecto a la nueva ley, mencionó que prevé establecer la cooperación entre la Federación y los estados para proteger a este sector; la creación de un mecanismo específico el cual a su vez, contará con una junta de gobierno. Ésta se integrará con cuatro representantes del Ejecutivo federal, uno de la CNDH y cuatro de la sociedad civil.

El ordenamiento determina que las medidas preventivas y protección, en casos urgentes y de peligro inminente, deberán estar disponibles para las víctimas, en un plazo máximo de tres horas después de haberlas solicitado. Pueden ser desde la evacuación o reubicación temporal de las personas amenazadas, el otorgamiento de custodias, escoltas y la protección de inmuebles.

También se crea un fondo específico con recursos de la Federación, asignaciones anuales como parte del presupuesto de egresos y donativos de empresas y ciudadanos.

Sobre la reforma del artículo 73 constitucional, por el cual se faculta a las autoridades federales, espacíficamente a la PGR, a investigar los delitos del fuero común contra periodistas y medios de comunicación, dijo que será de utilidad para abatir la impunidad actual, aunque todavía falta que los legisladores modifiquen leyes secundarias para que el decreto pueda tener plena vigencia y eficacia, señaló.