s meridianamente claro que el juicio político realizado ayer en contra el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y la posterior destitución de que fue objeto por parte del Senado de ese país, no estuvieron motivados por un presunto mal desempeño del mandatario en sus funciones, como alegaron los legisladores que avalaron la revocación del mandato presidencial. La improcedencia de las acusaciones en contra del gobernante –a quien se achaca la responsabilidad directa por la muerte de 17 personas en el desalojo de una finca del ex senador Blas Riquelme, el pasado 15 de junio–; la celeridad con que se resolvió el proceso –en tan sólo dos días y sin tiempo suficiente para elaborar una adecuada defensa del acusado– y la clara prevaricación en que incurrieron los integrantes del Senado paraguayo erigido en tribunal –cuya sentencia se conocía con antelación a la realización del propio juicio–, hacen inevitable concluir que lo que ocurrió ayer en el país sudamericano, por más que haya estado revestido de formalidad legal, fue un acto golpista de la derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y democráticamente constituido.

La asonada padecida por el gobierno de Asunción ha confirmado el talante antidemocrático del Partido Colorado (derecha), que gobernó ese país entre 1947 y 2008, y cuyo desempeño como fuerza opositora durante el mandato de Lugo se caracterizó por bloqueos legislativos sistemáticos a las reformas propuestas por el presidente y amagos recurrentes de juicio político en su contra. Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico, que formó parte de la alianza partidista que impulsó a Lugo a la presidencia de Paraguay en 2008, terminó por dar la espalda al mandatario, participó en la conjura con la formación política derechista y exhibió, así, su carácter oportunista, su vocación de traición a los electores y la miseria del conjunto de un grupo de políticos paraguayos que ha dado la espalda, desde hace mucho, a los ciudadanos.

En suma, como se señaló ayer en este mismo espacio, el episodio paraguayo es revelador de los escollos que enfrentan los gobiernos latinoamericanos cuando deciden alejarse, así sea un poco, de los postulados neoliberales y confrontar estamentos políticos y económicos privilegiados, enquistados en las instituciones públicas y renuentes a ceder un ápice en sus históricos privilegios, aunque ello implique la subversión de los principios democráticos y de la voluntad popular. Para efectos prácticos, la conjura oligárquica que se consumó ayer en el Senado paraguayo equivale a una restauración del régimen autoritario que prevaleció durante más de seis décadas hasta antes de la elección de Lugo en 2008, y cuyos primeros ribetes represivos tuvieron lugar ayer mismo, con las agresiones de elementos de la policía en contra de la resistencia popular que se congregó en la Plaza de las Armas de Asunción para respaldar al mandatario.

Por lo demás, el episodio da cuenta de una involución inadmisible y riesgosa de la institucionalidad democrática en la región, y confirma el patrón golpista que viene afectando a diversos gobiernos y países desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales; se repitió en escala menor en Bolivia en 2008; logró, un año más tarde, subvertir el orden democrático en Honduras, y se reprodujo, sin éxito, en la sublevación policiaca contra Rafael Correa en Ecuador, en 2010. Hoy, a la conjura de las derechas paraguayas en contra de Lugo se suma un hecho adicional de preocupación: la revuelta policial que se extiende en territorio boliviano y que podría ser utilizada como un nuevo elemento de desestabilización por los potentados de ese país contra el gobierno de Evo Morales.

Semejante tendencia debería obligar a los gobiernos de la región, que ayer se pronunciaron en contra de la destitución de Fernando Lugo, a activar los mecanismos a su alcance para desconocer y ejercer presión sobre el nuevo régimen paraguayo, emanado de una acción de quebranto a los principios democráticos y carente, en consecuencia, de legitimidad alguna. Tal respuesta es por demás necesaria en el momento presente, no sólo por elemental compromiso democrático y por solidaridad con las expresiones de resistencia popular que se han iniciado en Paraguay, sino porque una concesión a los golpistas, como ocurrió en la propia Honduras, podría alentar a las oligarquías regionales a repetir esa experiencia en otras latitudes, generar graves desafíos a la legalidad y a la democracia en el subcontinente y causar una regresión histórica inadmisible.