a santa cruzada emprendida en contra del magisterio y la escuela pública constituye la más reciente de las guerras que ha enfrentado el sistema educativo y es fiel heredera de otras campañas orquestadas en distintas épocas: oposición al artículo tercero constitucional durante la revuelta cristera, sublevación en contra de la escuela rural durante el cardenismo o la movilización conservadora y clerical en rechazo al libro de texto gratuito. Sólo que ahora, emboscada y escudada en la consigna por la calidad educativa, refrenda los añejos propósitos para desmantelar la educación como bien público y patrimonio social.

En esta renovada embestida, el puesto de vanguardia actualmente es ocupado por la oligarquía empresarial. A través de fundaciones, asociaciones civiles y membretes creados por los consorcios empresariales, se han alzado en fiscalizadores de la educación pública y el trabajo de los docentes, con la complicidad del gobierno, autoridades educativas y la facción que mantiene secuestrada la organización de los trabajadores de la educación. Disponen además como aliados a las agrupaciones de padres controladas por el clero, la mayoría de los partidos políticos, medios de comunicación encabezados por Televisa y un cúmulo de analistas y seudoexpertos educativos que usualmente responden a las directrices de las empresas e instituciones en donde laboran o se desempeñan como asesores.

En tal sentido destaca el papel asignado y la beligerancia mostrada por la organización civil-empresarial Mexicanos Primero. En el contexto de la jornada desplegada por el magisterio en resistencia y en oposición a la Alianza por la Calidad de la Educación y la aplicación de la batería de exámenes y evaluaciones impuestas para alumnos y profesores, han desatado una campaña de histeria persecutoria y llamado a la represión de los docentes. Centran sus exabruptos y falacias en torno a la Evaluación Universal de los Docentes de Educación Básica y exigen al gobierno no dar ¡ni un paso atrás! en lo pactado con Elba Esther Gordillo y no ceder a las presiones de los profesores. Advierten, igualmente, no estar dispuestos a permitir que se pierda esta oportunidad histórica y califican de estrategia criminal las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Evaluación Universal fue pactada exclusivamente entre el gobierno panista y la líder vitalicia (hasta ahora) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Como ha sido costumbre, todas las reformas y proyectos educativos han sido sancionados con la exclusión de los distintos actores del sistema educativo, especialmente de sus docentes. Esta no fue la excepción. Con la aprobación de la Universal se cerró el ciclo de negociaciones educativas entre el presidente del empleo de la guerra y la maestra de las reformas parchadas. En ésta se estableció su obligatoriedad para todos los docentes, con una periodicidad de tres años, bajo el supuesto de proporcionar un diagnóstico integral sobre sus competencias profesionales, el logro académico de sus alumnos y propiciar la continuidad en su formación y desempeño docentes.

Sin embargo, tal como lo han demostrado múltiples analistas, académicos e investigadores especializados en educación, así como los mismos profesores, la Universal no es sino un remedo más de las fallidas, inoperantes y fraudulentas evaluaciones que reiterada y sistemáticamente se han impuesto dentro del sistema educativo. Constituye una evaluación estandarizada, reduccionista y empobrecedora que no valora integralmente el trabajo que cotidianamente desarrollan los maestros en el aula, la escuela y la comunidad. Pero que además no evalúa realmente su formación y saberes, puesto que su calificación dependerá primordialmente del resultado de la prueba Enlace aplicada a los alumnos.

La verdadera intencionalidad de la Universal permanece oculta tras la cortina de humo fabricada bajo el supuesto de alcanzar la calidad educativa. En realidad, representa el instrumento diseñado para avanzar en la imposición del empleo temporal, la pérdida de base laboral de los docentes y regular su eventual permanencia con base en los resultados obtenidos en esta evaluación. Es decir, la adopción de la anhelada reforma estructural en relación con el trabajo magisterial, sin necesidad de alterar leyes y ordenamientos constitucionales.

La batalla que libran los maestros no es por su rechazo a ser evaluados debido a su incompetencia o renuencia para mejorar su preparación y desempeño, como dicen sus adversarios. Reclaman y proponen otras formas de evaluación para ellos y sus alumnos que efectivamente contribuyan a mejorar la educación. De imponerse la Universal se habrá dado un paso más en el proyecto para despoblar la escuela pública del profesorado que ha resistido las regresiones, mercantilización y los embates privatizadores en la educación. Desmantelar y eliminar gradualmente la histórica presencia de un actor social permanentemente movilizado en defensa de la educación pública como derecho esencial de la sociedad mexicana es el propósito de fondo de la cruzada antimagisterial.