La Paz, 22 de junio. Un motín de policías de bajo rango, quienes reclaman aumentos salariales en Bolivia, se extendió hoy a unas 20 unidades y comandancias. Mientras saqueaban dependencias a una cuadra del palacio presidencial, el gobierno federal ofreció un aumento salarial.

Unos 300 agentes, vestidos de civiles y acompañados por sus esposas, atacaron con piedras y palos la comandancia nacional en La Paz. Rompieron vidrios, pero no hubo heridos.

En la mañana, el mismo grupo, aunque menor, saqueó la Dirección Nacional de Inteligencia y el Tribunal Disciplinario, a una cuadra de la Plaza de Armas, donde el presidente Evo Morales tiene sus oficinas.

¡Motín, motín, motín policial!, gritaron los agentes, quienes sacaron del lugar documentos, muebles, computadoras y hasta banderas. Posteriormente los quemaron, en las afueras de las dos unidades policiacas.

El motín sobrepasó 20 cuarteles en las 10 principales ciudades del país: La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija.

El comando de Cochabamba, en el centro del país, también fue saqueado este viernes.

Durante los incidentes el presidente Morales se encontraba en sus oficinas, informó la dirección de comunicación presidencial, aunque las puertas estaban cerradas y en el interior la seguridad está en manos de militares fuertemente armados.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Interior, Carlos Romero, reveló que el gobierno acepta la exigencia salarial de los uniformados, aunque llamó a un diálogo urgente para sellar un acuerdo.

Se les ha comunicado que queremos efectivizar la decisión de lograr estos ingresos que percibe la policía nacional por concepto salarial que alcance 2 mil bolivianos (287 dólares), monto demandado por los inconformes, expresó Romero.

Los uniformados reclaman un salario mínimo de 2 mil bolivianos –casi 70 por ciento más de lo que reciben–, jubilación con 100 por ciento de sus percepciones y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente.

Los últimos dos aspectos no fueron mencionados por Romero.

Mientras, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo apremiaron al gobierno y a los policías sublevados a dialogar, sin posiciones radicales, para evitar situaciones de violencia.

Además, a raíz del repliegue de los uniformados, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia instruyó este viernes el cierre de bancos en varias ciudades del país.

Los conflictos comenzaron el jueves, cuando unas 50 esposas de policías iniciaron una huelga de hambre en apoyo a los reclamos de sus cónyuges.