San Cristóbal de Las Casas, Chis. Organizaciones e iglesias protestantes de la entidad integraron la coordinación Evangélicos Unidos por Chiapas para exigir el cese de la intolerancia religiosa y defender los intereses de esas agrupaciones. El organismo será presidido por el indígena Manuel Collazo Gómez, dirigente de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas, quien estuvo preso de 2002 a 2010 acusado de delitos federales. En conferencia de prensa, Collazo Gómez exigió el regreso de los 114 evangélicos expulsados en los dos años recientes de las comunidades Los Llanos, San Gregorio y Yashtinín, pertenecientes a San Cristóbal de las Casas, y San Gregorio, municipio de Huixtán, quienes viven en casas que les renta el gobierno estatal en esta ciudad. La nueva coordinación, aseveró, hará valer los derechos constitucionales sobre libertad religiosa para los protestantes, pues ahora no se respetan y grupos caciquiles siguen con la práctica de las expulsiones por motivos de credo. Recordó que la más reciente expulsión ocurrió el 14 de junio, cuando 40 protestantes tuvieron que abandonar la comunidad de Yashtinín luego de ser obligados a firmar un documento en el que se comprometían a salir voluntariamente si no abandonaban su religión.