Los candidatos presidenciales y a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal de PRI, PAN e izquierda enviaron a sus representantes a la firma del pacto contra la trata de personas promovido por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), en medio del reclamo de activistas y familiares de víctimas porque no acudieron personalmente.

Tampoco asistieron los dirigentes de los partidos, sólo los abanderados y el líder del Partido Nueva Alianza.

El pasado 31 de mayo, la agrupación convocó a candidatos y dirigentes a firmar un pacto que los comprometería a fortalecer, junto con la sociedad y la academia, una política de Estado para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas y los que se relacionan, especialmente de mujeres y niñas; así como ayudar y proteger a las víctimas y posibles víctimas, y a las organizaciones civiles que las protegen.

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe. Familiares de víctimas de los estados de México, Veracruz y Chiapas denunciaron la actitud omisa de autoridades estatales y federales e irregularidades en los procesos de investigación, entre otros abusos.

Los representantes de Compromiso por México –las diputadas Guadalupe Gómez (PRI) y Adriana Sarur (PVEM), y Agustín Ramos, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI– fueron duramente criticados por los casos de feminicidio y desapariciones en el estado de México, así como por la actuación negligente de las autoridades durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora candidato presidencial.

¿Dónde está la justicia? Nos piden el voto y cuando se los damos no hacen nada, reclamó la madre de una joven de 16 años asesinada en esa entidad.

Teresa Ulloa, presidenta de la CATWLAC, señaló que es evidente que la trata de personas no está en las agendas de los candidatos y que hay gran desconocimiento sobre las dinámicas del delito.

Anunció que la agrupación llevará a juicio al presidente Felipe Calderón y al Congreso ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en julio próximo, cuando México sustente su informe.

Pedimos al Presidente que vetara (la recién aprobada ley antitrata) y no lo hizo; siendo abogado sabe bien las complicaciones de dicha ley, la cual no sirve, expuso.