Mientras más recursos dedica Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico, mayor es el número de feminicidios, actos de violencia sexual y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina, por lo cual resulta urgente que Washington modifique la naturaleza de su ayuda económica en la región, y la dedique a erradicar la pobreza en vez de abastecer de más armamento a los ejércitos.

Tal es una de las principales conclusiones del informe De sobrevivientes a defensoras, realizado por la Iniciativa de Mujeres Nobel y Asociadas por lo Justo, luego de hacer un recorrido en enero de este año por diversas regiones de México, Guatemala y Honduras, en donde constataron que el modelo de seguridad basado en la militarización únicamente ha generado mayores violaciones de derechos humanos.

“Pensar la seguridad desde el incremento de policías, militares y armamento es una visión corta, que no está yendo a los orígenes del problema, sino a las manifestaciones. Con la ‘guerra’ contra el narco, en México hemos tenido enfrentamientos armados con un saldo catastrófico de más de 50 mil muertos, y en donde las mujeres son víctimas fáciles y carne de cañón”, señaló Dafne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

En entrevista telefónica con La Jornada desde la ciudad de Washington –donde acudió al lado de otras promotoras de derechos humanos para entregar los resultados del informe a legisladores estadunidenses y funcionarios del Departamento de Estado–, la activista denunció que los gobiernos de los tres países mencionados no se han dedicado a combatir las fuentes económicas de los grupos criminales, como sus operaciones de lavado de dinero.

Con la compañía de Jody Williams y Rigoberta Menchú, ambas ganadoras del Premio Nobel de la Paz, las defensoras de derechos humanos ofrecieron datos concretos a los representantes del gobierno de Estados Unidos para hacerles ver que los recursos de la Iniciativa Mérida solamente están reforzando un modelo de seguridad que genera más atropellos contra la población civil.

El siguiente paso, indicó Cuevas, es presentar el informe en México, Guatemala y Honduras –después de las elecciones presidenciales del 1º de julio, en el caso de nuestro país–, y seguir presionando para que Washington modifique sus criterios de ayuda económica en el tema de seguridad.