Los pueblos indígenas ofendidos han empezado a unirse y organizarse para actuar en contra del padre Gerardo Silvestre Hernández (acusado de abusos sexuales contra cuando menos 45 niños y jóvenes) y, si el caso lo amerita, en contra del arzobispo (José Luis Chávez Botello), señalaron siete sacerdotes diocesanos al advertir que el mencionado jerarca religioso ponía oídos sordos desde 2009 a los fundados señalamientos contra su protegido. De esas denuncias conocieron desde años atrás el gobierno de Oaxaca, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por la insistencia con que el padre Gerardo decía que el arzobispo no le podía hacer nada, la forma como actuaron los enviados y la solución que dio la autoridad eclesiástica, en los pueblos ofendidos se comenta, para desprestigio del obispo y de sus delegados, que defienden al padre Silvestre porque son de la misma calaña, aseguraron los siete sacerdotes, a los que en posteriores diligencias se unieron otros tres.

“Esta problemática se comenta en muchos círculos de la sociedad oaxaqueña con mucha indignación, afirmando que en Oaxaca estamos viviendo exactamente lo mismo que el Papa trata de erradicar: pederastia de un clérigo y encubrimiento de él por parte del arzobispo: alejando del lugar de sus delitos al pederasta y haciendo desaparecer de la región a los testigos más cualificados –los sacerdotes que escuchaban a las víctimas– y callando a los sacerdotes que quedan en el decanato”, declararon los presbíteros Manuel Arias Montes, Sergio Herrera Arias, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, Juan Antonio Jiménez, Guillermo Velázquez Gordillo y Juan Ruiz Carreño.

Los curas denunciantes afirman que el 16 de junio de 2009 al pedir al arzobispo que recibiera a las víctimas, nos respondió que no puede estar recibiendo a cada persona que quiera hablar con él. Le insistimos que, a causa de no escuchar a la gente, su autoridad moral se ha ido menguando y se ha ido desplazando hacia diferentes sacerdotes que los escuchan y a entidades civiles. Le pidieron que una instancia eclesiástica hiciera una investigación honesta y objetiva pero, “conociendo la deshonestidad con la que ha actuado en muchos casos el padre Uvi (Wilfrido Mayrén Peláez), su hombre de confianza, le dijimos que ojalá no fuera él quien estuviera haciendo la investigación”. Sin embargo, el arzobispo Chávez Botello les mandó al padre Uvi como investigador y ejecutor de una serie de castigos.

El pueblo se quedó mudo

La tarde del 23 de julio de 2010 llegaron a la parroquia de Santiago Camotlán, sin previo aviso y sin comunicar la causa, el vicario general, Jesús Gopar Ricárdez; el secretario canciller, Francisco Reyes Ochoa, y el vicario judicial Zeferino Cruz Joaquín. Era la antevíspera de la fiesta patronal del lugar y ordenaron al diácono Ángel Noguera, responsable de la parroquia, sacar sus cosas y abandonar sin demora esa parroquia a su cargo, mientras ellos se encerraban con algunas de las víctimas del padre Silvestre en ésa que fue su anterior parroquia (después comentarían que las amenazaron). El pueblo se quedó mudo y sin comprender ni poder reaccionar al despedirse de ellos el padre diácono Ángel, su pastor, intempestivamente. Los enviados del arzobispo difundieron la versión de que el diácono Ángel (quien fue marginado de todo servicio en la diócesis) era el culpable de la situación creada en las parroquias de Camotlán y Villa Alta, que él había inventado todo.

También el padre Apolonio (párroco de Santiago Zoochila) fue reprendido por los obispos por haber escuchado a las víctimas. Le advirtieron que no era función de él, que corresponde solamente al obispo decidir quién las escucha. Lo acusaron, además, de estar fomentando el escándalo, la división y la mala fama de un sacerdote, esto debido a que canalizó a las víctimas y a sus familiares hacia las autoridades eclesiásticas, el arzobispo incluido, aunque éste no quiso recibirlas, mencionaron los siete sacerdotes en un documento enviado a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En mayo de 2010, el cura Apolonio fue cambiado a la parroquia de Santa María Yolotepec, la más lejana del decanato que hasta entonces ocupaba.

Gobierno estatal y CEDH sabían

Las autoridades municipales de San Ildefonso Villa Alta habían enviado un informe (del cual se tiene copia) al arzobispo Chávez Botello que fue atendido por el vicario regional, Pedro Ginés, párroco de Yalatag, quien les dijo que ya no se podía hacer más. Esas autoridades intentaron hablar ampliamente con el arzobispo, pero se negó y, con los documentos entregados al arzobispo, informaron a la Secretaría de Gobierno del estado, a la CEDH y a la dependencia para el desarrollo integral de la familia, instancias que guardaron silencio. Finalmente, ya que el problema se acrecentaba, dieron un ultimátum por el que advertían al arzobispo que intervendrían en contra del padre Silvestre si él no actuaba.

Entonces el arzobispado envió al mencionado padre Uvi y al secretario canciller Francisco Reyes Ochoa. Según el relato de los siete sacerdotes, los enviados fueron a amenazar a todos: a las autoridades municipales (advirtiéndoles que la diócesis tiene un equipo de abogados muy bueno para defender al acusado Silvestre y que podrían pagar con cárcel quienes mintieran), a un médico que había dado constancia del estado de ebriedad de adolescentes que habían estado con Silvestre y a la mamá de uno de ellos, al recordarle que su hijo podría ir al tutelar para menores si seguía con la denuncia.

Un mes después, el acusado de pederastia, Gerardo Silvestre Hernández, fue enviado a otra parroquia, la de San Juan Ozolotepec, igual de lejana que Yolotepec, pero por otro rumbo. El arzobispo dejó sin párroco a la parroquia de San Ildefonso Villa Alta, lo cual sintieron en el pueblo como un castigo por haber denunciado al padre Silvestre.

El escrito de los siete curas llegó a una conclusión en agosto de 2010: Al proteger al padre Silvestre, cambiándolo sólo de lugar; al castigar al diácono Ángel Noguera y alejar de ahí al padre Apolonio; al dejar sin párroco a la parroquia que se atrevió a denunciar, y al silenciar a los sacerdotes del decanato, alentando al padre Pedro Ginés, vicario regional, a difundir que todo es mentira inventada por el padre Apolonio, se puede afirmar que el arzobispo está encubriendo al pederasta y atentando contra las leyes civiles y de la iglesia.