En los procesos penales contra los 12 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas presos ha habido una serie de manipulaciones legaloides, inconsistencias jurídicas, manoseo de pruebas y de declaraciones, que han hecho de éste un litigio viciado que está muy lejos de la justicia.

Abogados del sindicato encargados de los procesos señalan que los juicios se han alargado de manera extraordinaria; se han desestimado las pruebas en favor de los trabajadores. En el caso de Miguel Márquez Ríos, preso desde el 21 de octubre de 2010 en Puebla, es claro cómo el gobierno de Felipe Calderón ha criminalizado la protesta social, ya que Márquez fue retenido por haber participado en manifestaciones contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro, agregaron.

La acusación de la PGR contra Márquez es por privación de la libertad, ya que, señalan, el 16 de marzo de 2010, “simpatizantes del SME, encabezados por el inculpado tomaron las sedes de las subestaciones en La Mesa, El Salto y El Carmen, y no permitieron la salida de personal de Comisión Federal de Electricidad y de la Policía Federal que resguardaba las mismas, ocasionando daños a las instalaciones”, cuando en realidad se trataba de manifestaciones.