El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene en la mira a por lo menos 14 jueces y magistrados federales, quienes serán suspendidos de sus funciones en breve debido a que enfrentan acusaciones que van desde presuntos actos de corrupción y aplicación de criterios jurídicos inadecuados al momento de dictar sus sentencias, hasta acoso sexual y malos tratos a miembros de los juzgados o tribunales que encabezan, revelaron fuentes de la comisión de disciplina de la Judicatura.

La semana pasada comenzaron estas sanciones provisionales, cuando fueron separados de sus cargos tres jueces de distrito. Dos son del estado de Baja California y están relacionados con supuestas irregularidades vinculadas con amparos otorgados a empresas importadoras de autos chocolates; el otro es de Michoacán y es quien liberó a la mayoría de los implicados en el llamado michoacanazo.

Ayer, funcionarios del Poder Judicial Federal revelaron que otro magistrado que fue destituido por el CJF es Armando Cortez Galván, integrante del décimo- quinto tribunal colegiado en materia administrativa, aunque los motivos de su baja temporal se mantienen en sigilo.

Extradición de Cavallo

Un quinto caso importante es la suspensión del magistrado federal Jesús Guadalupe Luna Altamirano, uno de los juzgadores más polémicos, quien cobró notoriedad en 2003, al autorizar la extradición del ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo.

Sobre su caso, funcionarios de comunicación social de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron ayer que tanto ese juzgador como el juez Efraín Cázares López, suspendidos el pasado viernes por el CJF, son investigados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para deslindar responsabilidades ante supuestos ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.

Esa indagatoria contra Luna y Cázares está relacionada con diversos fallos en los cuales absolvieron en forma presuntamente irregular a miembros de organizaciones delictivas. De acuerdo con fuentes de la PGR, la averiguación previa contra ambos es por conductas relacionadas con delincuencia organizada y en lo particular por fallos exculpatorios dictados a miembros y colaboradores de esas bandas.

Hasta el momento, no han sido presentados ante el Ministerio Público Federal y tampoco han sido citados a declarar dentro de la investigación. Cázares fue el responsable de liberar a varios de los implicados en el llamado michoacanazo, caso por el cual fueron consignados más de 30 servidores públicos acusados de brindar protección al grupo criminal La Familia.

En lo que hace a Luna, en julio de 2008 absolvió y dejó en libertad a Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán.

Ayer por la tarde, el consejero de la Judicatura César Esquinca Muñoz precisó que en la suspensión del juez Cázares y del magistrado Luna Altamirano nada tiene que ver la investigación que realiza la PGR en su contra.

Entrevistado durante la inauguración del Curso de Especialización del Sistema Acusatorio, realizado en el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el también magistrado federal afirmó que el CJF suspendió de sus cargos a ambos juzgadores porque se recibieron datos que son preocupantes y que nos obligan a investigar, pues tienen que ver con quejas administrativas y disciplinarias.

Precisó que en el caso de Luna Altamirano –quien otorgó un amparo a la llamada Reina del Pacífico (Sandra Ávila Beltrán) e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito–, se le investiga por no llevar a la práctica criterios jurídicos y jurisprudencias determinadas y por no aplicar una ley relacionada con un caso concreto, entre otras cosas.

–En estos casos ¿existe denuncia formal de PGR? –se le preguntó.

–Con nosotros no; recuerde que la PGR tiene sus propias líneas de investigación y no necesita hacer denuncia ante el CJF. Si entiende que un servidor público está incurriendo en conductas que son constitutivas de delito (la procuraduría) tiene la facultad para investigar y, en su caso, consignar.

–En este caso concreto, ¿hubo quejas previas?

–No. Lo que quisiera que quedara muy claro es que las suspensiones y el inicio de investigaciones por parte del consejo no tienen nada que ver con lo que la PGR haya dicho o hecho; son vías diferentes.

–¿Coincide la investigación de la PGR con la de ustedes?

–La investigación de la Procuraduría General de la República ya tiene algún tiempo que la había iniciado; no tengo ningún dato al respecto, más que lo publicado por la prensa.