ese a que sólo el candidato López Obrador refiere a los pueblos indígenas y que para el IFE y los partidos no es necesario incluir el tema en los debates entre presidenciables, dichos pueblos avanzan y resisten por diversas vías. Ello sucede porque no se ha logrado que la sociedad se comprometa con la implicación a fondo del carácter pluricultural de la nación.

En ese sentido, bien harían los estudiantes del movimiento #YoSoy132 en recuperar esa demanda, aun cuando su naturaleza de origen y prioridades son otras. Si bien a buena parte de los pueblos no les interesan esos espacios, quienes sí los buscan topan con pared. Por lo pronto, una cosa es cierta: los pueblos y sus organizaciones no cuentan con las redes e influencia suficiente para sentar a los candidatos como logró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (ejercicio, por cierto, desdibujado en su motivo central entre besos, rechazos, calificaciones innecesarias, reacciones a las mismas, etcétera).

Uno de los escasos ejemplos de construcción social de solidaridad y acompañamiento es el de la lucha del pueblo wixárika en defensa de sus lugares sagrados; el reciente festival del Foro Sol es una muestra de ello. Justamente por el afán de desactivarlos, en pleno periodo electoral, el calderonismo quiso sorprender a los wixárikas con el anuncio de tres secretarios de Estado (Medio Ambiente, Economía y Reforma Agraria) de que la minera canadiense First Majestic devolvía 761 hectáreas al gobierno federal y que 45 mil más se declaraban reserva minera nacional. Para ello contó con los medios masivos de comunicación y con dos integrantes de la asociación civil Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit Asociación Civil, promovida por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que acompañaron a los funcionarios y a quienes no se les dio la palabra.

Menuda prueba tuvo el Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta –integrado por gobernadores y representantes del pueblo junto al Frente en Defensa de Wirikuta–, quienes fijaron su postura, informaron que desde 2011 First Majestic había ofrecido devolver las hectáreas que no le servían, que la reserva se declaró sobre una zona donde no hay concesiones, que 95 mil hectáreas más de Wirikuta siguen en manos de mineras y que el gobierno busca con mentiras desarticular la protesta. Tan sólo la canadiense Revolution Resources tiene 59 mil 678. Además del proyecto minero de First Majestic en Real de Catorce, San Luis Potosí, el cual ocupará unas 6 mil hectáreas en el territorio sagrado de Wirikuta –de las cuales la empresa cedió 761 hectáreas al gobierno federal–, está en marcha el Plan Universo, que abarcará 42 por ciento de esa zona, alrededor de 60 mil hectáreas, informó el Frente en Defensa de Wirikuta, y algo sumamente trascendente fue la precisión de que la zona sagrada no se reduce a sitios específicos donde se entregan las ofrendas, sino que es el conjunto de piedras, manantiales, cactos, serpientes, paisajes, que abarcan una extensión continua de más de 140 mil hectáreas, su territorio histórico. Y para darnos una idea de los usos del poder sobre el sentido del derecho es que en su fastuoso acto en el Museo de Antropología del pasado 25 de mayo, calificado por el secretario de Gobernación de un paso histórico, no se mencionó la reciente suspensión judicial que impide a toda autoridad conceder los permisos y las autorizaciones a la empresa First Majestic Silver Corp, a través de su filial Minera Real Bonanza, para cualquier operación minera hasta que no se resuelva el fondo del conflicto con el Pueblo Wixárika.

Los wixárikas hablaron de un acto administrativo, pero fue mucho más perverso, pues trataron de disputar la representatividad de su pueblo, vieja estrategia que el panismo copia del PRI. Más sorprendente aún es que los funcionarios callaron al ver descubierta su maniobra. En ese sentido bien vale la pena cerrar con la reflexión de Boaventura de Sousa Santos: Según los criterios de poder se determina la ilegalidad o legalidad, una legalidad que permite a las trasnacionales intervenir donde antes no podían. Y por eso se puede decir que lo hacen legalmente; no es totalmente legal porque, si se observa, muchas de esas leyes que se crearon para concesiones de minería y recursos naturales y todo lo referente al extractivismo tienen una serie de condiciones que se olvidan después, como la protección ambiental, o las violaciones masivas a las consultas indígenas dispuestas en el Convenio 169 de la OIT. Es decir, la legalidad va a la par con la ilegalidad (Observatorio Político, febrero 2012) . De esos problemas no se está hablando. Para el virtual frente del PRIAN es más importante detener el avance del candidato de las izquierdas electorales, con quien los pueblos podrían dialogar y pelear en buena lid.