Debido a las graves condiciones de marginación de que son víctimas los jóvenes en situación de calle que pernoctan en Artículo 123 y Humboldt, en la colonia Centro Alameda, muchos carecen de atención médica, lo que los expone a enfermedades venéreas; se involucran en riñas que ponen en riesgo su integridad física y reproducen actitudes de violencia contra mujeres, advierte un estudio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) entregado a la Asamblea Legislativa local.

El informe señala que desde 2008 en dicha calle se aplica el programa Hijos e hijas de la ciudad, con el objetivo de que esas personas modifiquen su estilo de vida para incorporarse positivamente a la sociedad.

Sin embargo, luego de que la institución realizó un diagnóstico del espacio y logró hacer contacto con los jóvenes, explica que por su historial de vida en calle y de consumo de drogas se dificulta la intervención de la institución. No menciona ningún caso de éxito respecto de la reinserción social de alguno de los integrantes de ese grupo.

Afirma que la población, al encontrarse altamente intoxicada, ha tenido riñas internas y cita el caso de un adolescente de 14 años, originario de Veracruz, que sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro ocasionadas por pelear con otro joven.

El documento asevera que pese a que semanalmente acude personal de la delegación Cuauhtémoc a limpiar el espacio que ocupan, la mayoría de los integrantes del grupo carecen de hábitos de higiene, condición que repercute en su estado de salud, aunada a sus altos consumos de sustancias tóxicas como activo y piedra, cuyos efectos hacen que sus funciones motoras y cognitivas disminuyan y su estado de ánimo sea volátil.

Gabriel Rojas, director general de Édnica, asociación civil especializada en niños y jóvenes de la calle, señaló que algunas autoridades y funcionarios públicos están polarizando el tema de las comunidades callejeras, en lugar de generar una respuesta que salvaguarde sus derechos, ya que caen en un discurso discriminatorio que tiende a criminalizarlos al decir que todos los turistas y los restauranteros de la zona piden que se vayan, lo cual no contribuye al “sentido social de la ciudad y justifica la acción policiaca y de desalojo.

Se dice que estos jóvenes están violando los derechos de los demás cuando ellos son víctimas de toda una estructura social de exclusión, lamentó.

La políticas de las autoridades de la ciudad de México, subrayó, se reducen a prácticas de desalojo o de reclusión, en vez de emprender acciones con las que esos muchachos recuperen su derecho a la vivienda, la salud y la educación.

Afirmó que por el tipo de drogas que consumen difícilmente pueden cometer actos ilícitos o conductas agresivas que impliquen una reacción rápida como correr. Por ello, subrayó, se debe tener cuidado en la manera de abordar esta problemática y promover programas donde no sólo los encierren, sino que se haga un trabajo completo y especializado, comenzando por no satanizarlos y discriminarlos, lo cual sólo contribuye a sumergirlos todavía más en una dinámica de brutal marginación social.