Las personas en situación de calle que desde hace ocho años ocupan la vialidad de Artículo 123, en el tramo de Humboldt a Balderas, en la colonia Centro, ponen a las autoridades del Distrito Federal en una disyuntiva, ya que mientras organizaciones de derechos humanos pugnan por que se respeten sus garantías individuales, vecinos se quejan de su agresividad y el mal aspecto que dan al entorno, principalmente por el consumo de solventes a toda hora.

Se trata de un grupo de entre 40 y 60 jóvenes, la mayoría provenientes de otras entidades, quienes, tras ser retirados de la Plaza Garibaldi, el monumento a Francisco Zarco y los alrededores del Reloj Chino, en Bucareli, se desplazaron a la entrada de la estación Juárez del Metro, pero ante la presión de los vigilantes de ese sistema de transporte lo más sencillo (para ellos) fue dar la vuelta, señaló Luis Enrique Hernández Aguilar, presidente de la asociación civil El Caracol.

Predominan los hombres, cuya edad promedio es de 25 años, con historias de violencia familiar, adicciones o abuso sexual, que en el lapso de un año levantaron al menos 10 casas con cartón, trozos de tablarroca o estructuras metálicas y plásticos atados a casetas telefónicas, varillas, muros o simplemente sobrepuestas.

Los menos cuentan con muebles, como Lalo, quien ha logrado hacerse de una cama, sillones, un ropero y una vitrina, donde guardo ropa y mis documentos. (También) mi altar de la Santísima Muerte, comentó.

A mediodía, cuando sus actividades de franeleros, ayudantes en puestos de la zona o limpiaparabrisas concluyen, se sientan en los sillones instalados en la acera a tomar el sol y compartir activo. Más de 90 por ciento son adictos a los solventes, aunque algunos han comenzado a consumir crack, señaló Hernández Aguilar.

Vecinos, comerciantes y peatones se enfrentan a los olores de orina y heces, y de las sustancias químicas que se desprenden de la estopa en los puños de los jóvenes.

Quienes viven en la zona se quejan de que no pueden rentar o vender sus propiedades, mientras los comerciantes afirman que los clientes no acuden a sus negocios por temor a ser asaltados.

En diversas ocasiones, los colonos han solicitado a las autoridades centrales y de la delegación Cuauhtémoc el retiro de esa comunidad; sin embargo, éstas argumentan que no pueden hacerlo porque no se los permite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al respecto, la cuarta visitadora del organismo, Guadalupe Cabrera, señaló que no hay contraposición entre los derechos humanos de los jóvenes y los vecinos, pues la obligación del gobierno es contar con un programa multidisciplinario para la reinserción social de las poblaciones callejeras que les permita integrarse al ámbito laboral, tengan acceso a la salud y una vivienda digna. Sin embargo, lo que la comisión observa es que las autoridades pretenden hacer un retiro forzado o simulado (convencimiento), que sólo genera su expulsión de un lugar para irse a otro.

Por ejemplo, se les trata de convencer de ir a un albergue, pero con la condición de que no consuman drogas, cuando tienen mucho tiempo de hacerlo y no dejarán de ser adictos sólo para entrar a uno de esos centros, en los que además se les separa de sus compañeras, a quienes ven como su familia, explicó.

Otro riesgo es la criminalización de esta comunidad, aunque la Procuraduría General de Justicia capitalina asegura que no tiene denuncia alguna contra estos jóvenes, El Caracol ha documentado que cuatro están en prisión por robos menores, que, presume el organismo, no cometieron.

En días recientes, el candidato de la izquierda al gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió a rescatar a estos jóvenes por medio de una estrategia interinstitucional que permita ofrecerles una oportunidad de desarrollo diferente, poniendo énfasis en rehabilitarlos de su adicción. Será un tratamiento social y médico, sin violar sus derechos humanos, manifestó.