El Consejo de la Judicatura Federal suspendió temporalmente –para investigar presuntas irregularidades en sus funciones– al juez primero de distrito con sede en Michoacán Efraín Cázares López (atendió diversos asuntos relacionados con el llamado michoacanzo) y al magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano (quien resolvió casos como el de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y de Iván Archibaldo Guzmán, El Chapito).

El órgano del Poder Judicial de la Federación indicó que con la suspensión de los impartidores de justicia se busca facilitar la investigación de presuntas irregularidades que se les atribuyen a ambos juzgadores, y sostuvo que refrenda su compromiso con el manejo transparente del control y vigilancia de todos sus integrantes.

Reunido en pleno la Judicatura determinó suspender en el ejercicio de sus funciones al juez primero de distrito en el estado de Michoacán, Efraín Cázares López, y al magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal con sede en la ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano.

Las investigaciones, que se realizan por separado, se iniciaron por interés de integrantes del Poder Judicial de la Federación, tras detectar algunas presuntas irregularidades, pero la Judicatura informó que esta medida no prejuzga, pero permitirá continuar con las investigaciones en curso.

El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los funcionarios adscritos a juzgados y tribunales federales del país, y al dar a conocer el caso de Luna Altamirano (juez encargado de resolver la extradición del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo) y del juez Cázares López, señaló que refrenda su compromiso de erradicar cualquier conducta que se aparte de la honestidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo, y garantiza que en estos, como en todos los asuntos, se adoptarán las medidas que sean necesarias, y en su oportunidad dará a conocer, de manera transparente, los resultados de las investigaciones que están en curso.

En el caso de Cázares López, el 29 de septiembre de 2010 la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Arturo Chávez Chávez, presentó una queja en su contra por haber concedido la libertad a 20 de 35 ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos por presuntos vínculos con el cártel de La Familia, al considerar que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución y 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Penales, el juzgado primero de distrito en el estado de Michoacán resuelve que Irlanda Sánchez Román, Faraón Martínez Molina, Alfredo Ramírez García, Antonio Sánchez Gaytán y Noé Medina Martínez no son penalmente culpables en la comisión de delincuencia organizada, en su modalidad de colaboración al fomento para facilitar la ejecución de delitos contra la salud.

En tanto, el magistrado Luna Altamirano exoneró el 10 de agosto de 2011 a Sandra Ávila Beltrán de delitos contra la salud y lavado de dinero, y rechazó que fuera extraditada a Estados Unidos, debido a que los cargos que enfrentaría en esa nación son los mismos por los que ya está siendo juzgada en México, y los agravios presentados por el Ministerio Público Federal en contra de la sentencia absolutoria resultaron inatendibles e insuficientes, y por tanto inoperantes y en otra parte infundados.

Asimismo, determinó en abril de 2008 que la PGR no aportó las pruebas necesarias para confirmar la sentencia de cinco años de prisión dictada contra Iván Archibaldo Guzmán y ordenó su liberación.